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“En los últimos años se ha hecho aún más evidente la necesidad de discutir el alcance y pertinencia de las políticas de drogas adoptadas en cada uno de los países de las Américas, pues ha surgido evidencia (...) de que dichas políticas son ineficaces y tienen graves efectos negativos, en especial si se les analiza desde un enfoque de derechos humanos”, resaltó el texto de la carta abierta firmada por 54 organizaciones.
La misiva está dirigida a los participantes de la Asamblea, que se celebrará de martes a jueves en la ciudad colonial de Antigua, 45 km al suroeste de la capital colombiana, y que por primera vez estará centrada en el debate sobre alternativas a la guerra contra las drogas, incluida la polémica de su legalización.
Las ONG, entre ellas el Centro de Estudios Legales y Sociales (Argentina) , Conectas Direitos Humanos (Brasil), DeJusticia (Colombia) y Wola (EE.UU.), afirmaron que las “políticas prohibicionistas y la guerra contra las drogas han recrudecido los conflictos violentos en la región, al crear un enorme mercado ilegal controlado por complejas organizaciones delictivas”.
Consideraron que esos problemas se concentran en zonas pobres, “profundizando aún más el deterioro de las condiciones de vida y la estigmatización de sus habitantes” , además que esas “políticas represivas tienden a vulnerar de manera directa los derechos humanos de miles de personas”.
Entre los males que se suman al trasiego de drogas, mencionaron el tráfico de armas, las peleas por los territorios, la corrupción y el “socavamiento de las instituciones democráticas, especialmente las policías, la justicia y las instituciones de gobierno”, detalló la carta.
Las ONG solicitaron a los asistentes a la Asamblea convertir “los derechos humanos en el centro del debate”.