Eso dijo el martes una comisión internacional independiente de la ONU.

La comisión dijo que no había encontrado pruebas de contaminación deliberada del suministro de agua ni de demoliciones por parte de grupos armados, tal y como afirmaba entonces el Gobierno sirio.

Los rebeldes habían tomado el control de las fuentes de agua del valle de Wadi Barada, al noroeste de Damasco, desde 2012 y se enfrentaban a una gran ofensiva por parte de las fuerzas del Gobierno sirio y sus aliados, pese a un acuerdo de alto al fuego. Los rebeldes se retiraron a fines de enero.

La comisión, encabezada por el investigador brasileño Paulo Pinheiro, dijo que no había informaciones de personas que hubieran sufrido la contaminación del agua el 23 de diciembre o antes de esa fecha, cuando la Fuerza Aérea siria atacó el manantial al-Fija con al menos dos incursiones aéreas.

"Aunque la presencia de combatientes armados en el manantial constituía un objetivo militar, el daño extensivo infligido al manantial tuvo un impacto devastador sobre más de cinco millones de civiles en zonas controladas por el Gobierno y la oposición que fueron privados de acceso al agua potable durante más de un mes", dijo el informe de la comisión.

"El ataque supone un crimen de guerra por tener como blanco objetos indispensables para la supervivencia de la población civil y violó el principio de proporcionalidad en los ataques", agregó.

Las conclusiones de la comisión se basaron en entrevistas con residentes e imágenes satelitales, además de información disponible públicamente.