“Nos preocupa muy profundamente la violencia contra líderes, lideresas y defensores y defensoras de derechos humanos. La persistencia de esta violencia pone en riesgo el propósito común de la paz en el país” , señaló Martín Santiago, coordinador residente de Naciones Unidas en Colombia.

Al presentar su informe anual sobre la situación de derechos humanos en Colombia, la ONU alertó sobre el asesinato de 127 activistas el año pasado, de los cuales 60 tenían roles de liderazgo, 64 no y otros tres están bajo verificación.

De los 60 líderes asesinados, el 45% fue muerto en áreas de dominio FARC; mientras que de los 64 activistas muertos, el 80% estaba en lugares de predominancia de esa guerrilla marxista, indicó Todd Howland, representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, quien compareció junto a Santiago.

Howland agregó que la casi totalidad de los asesinatos tuvo lugar en zonas de economía ilícita, donde abundan los cultivos de coca y la minería ilegal.

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas) , principal y más antigua guerrilla del país, y el gobierno de Juan Manuel Santos sellaron en noviembre pasado un acuerdo de paz para acabar con una conflagración interna de más de medio siglo que también ha involucrado a otras guerrillas, paramilitares y agentes estatales.

En el marco de ese pacto, los casi 7.000 combatientes de las FARC terminaron de concentrarse el 18 de febrero en 26 puntos del país, donde a más tardar a fines de mayo deberán dejar las armas e iniciar su reincorporación a la vida civil.

“La salida de FARC de estas zonas (donde los rebeldes tenían presencia histórica) sí está complicando mucho la vida de estos líderes en estos lugares” , apuntó Howland.

Ante esto, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, dijo durante el lanzamiento del informe que el Estado colombiano tiene “grandes desafíos en materia de control territorial y presencia institucional” en muchos territorios dejados por las FARC.

La guerrilla ha urgido a Santos a tomar medidas para frenar los asesinatos, de los que responsabiliza a paramilitares de extrema derecha.

Pero el gobierno ha desestimado esa versión y culpa de las muertes a bandas criminales dedicadas al narcotráfico, formadas tras la desmovilización de milicias irregulares de extrema derecha entre 2003 y 2006.

Pero a la ONU no solo le preocupa la violencia que pueda estar generándose en el país por la salida de las FARC de sus tradicionales áreas de influencia.

El organismo internacional criticó también la ley de amnistía que aprobó el Congreso a fines del año pasado como parte de la aplicación del acuerdo con las FARC.

Según el informe presentado este jueves, la ley de amnistía “presenta disposiciones, ambigüedades y vacíos que no cumplen con las normas internacionales y socavan la centralidad que el gobierno y las FARC-EP le habían dado previamente a los derechos de las víctimas” .

“El Alto Comisionado está sumamente preocupado que estos factores, si no se abordan, pueden favorecer la impunidad para los perpetradores de graves violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario” , detalló el texto.

El conflicto armado de más de medio siglo ha dejado en Colombia al menos 220.000 muertos, 60.000 desparecidos y 6,9 millones de desplazados.