GINEBRA. “Para que se pida a un Estado que se establezcan medidas cautelares se debe demostrar que éste está violando de forma irreparable algunos de los preceptos de la Convención, y basándose en la información que Lula ha aportado al Comité, no ha demostrado que estuviera en riesgo de sufrir un daño irreparable”, argumentó una de las miembros del Comité, Sarah Cleveland.

La solicitud de los abogados a este órgano de la ONU incluía una petición para que el Gobierno brasileño impidiera el ingreso en prisión de Lula hasta que se agotasen todos los recursos jurídicos, aunque el mandatario está encarcelado desde el pasado abril.

Cleveland especificó que aunque el Comité ha rechazado esta petición, Lula puede presentar otra solicitud de medidas cautelares “si entiende que hay nuevos elementos que demuestran que va a sufrir un daño irreparable”.

La Justicia brasileña halló culpable a Lula de corrupción por haber recibido un apartamento de lujo en la localidad de Guarujá, en el litoral de São Paulo, a cambio de beneficiar a la constructora OAS en la adjudicación de obras públicas ligadas a Petrobras.

Fue condenado en julio pasado a 9 años y 6 meses de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero, una pena ampliada en enero de este año a 12 años y un mes por un tribunal de apelación.

El Comité estudia desde 2016 una denuncia contra el Estado brasileño por supuesta “persecución judicial” de Lula.

No obstante, ante la inminente entrada en la cárcel del exmandatario, sus abogados presentaron una solicitud de medidas cautelares, que el Comité ha rechazado, información que hoy mismo ha compartido con los letrados del expresidente y con el Gobierno brasileño.

La queja de fondo continúa y Cleveland subrayó que el rechazo a la solicitud “no tiene nada que ver” con la demanda original de Lula “que aún debe ser estudiada”.

Cleveland recordó que dados los plazos establecidos para que todas las partes puedan expresar sus argumentos “está claro que una decisión final no saldrá en 2018”.

Las observaciones de demandante y demando deben ser comentadas por la parte contraria, en un proceso que puede repetirse en varias ocasiones.

Las decisiones del Comité no son vinculantes y un Estado puede decidir cumplirlas o ignorarlas, incluidas las peticiones de medidas cautelares.