Organizaciones contra el aborto en Argentina piden no reformar Código Penal

BUENOS AIRES. Diferentes organizaciones en contra del aborto en Argentina presentaron un “recurso de queja” ante la Defensoría del Pueblo de la Nación contra el proyecto de reforma del Código Penal encargado por el presidente Mauricio Macri.

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Entre otras cuestiones, la reforma del Código Penal –la base del actual se remonta a 1921– pone sobre la mesa eliminar el actual artículo 88, que establece penas de prisión para la mujer que aborte.

“Pedimos al defensor del Pueblo que intervenga para frenar el aborto en el proyecto de reforma del Código Penal”, publicó en su página de Facebook la fundación.

En esta publicación, Más Vida animó también a sus seguidores a acudir a la petición portando pañuelos celestes.

El proyecto fue presentado por Macri el pasado 25 de marzo, fecha en que también se conmemora en Argentina el “Día del Niño por Nacer”.

Este proyecto ya fue tratado en cuatro ocasiones sin éxito.

Los integrantes de Más Vida aclararon que, bajo su punto de vista, es una “irregularidad” que atenta “contra el bien tutelado de la vida humana”, según explicó a la agencia estatal Télam Raúl Magnasco, uno de los miembros de Más Vida.

“La Convención Constituyente dejó muy claro que la voluntad del pueblo que representan interpretó a estos tratados como parte de la Constitución. Para intentar un proyecto como este hay que corregirlo primero o reformar la Constitución antes”, concretó.

El debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo –que en Argentina solo está permitida en caso de violación o por peligro de salud de la mujer– sobrevuela el país desde que el pasado año el Ejecutivo liderado por Macri abrió el camino para que el Congreso tratase un texto para aprobar el aborto legal, seguro y gratuito hasta la semana 14 de gestación.

En medio de una gran división social y política, y a pesar de que la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa, la de Senadores la tumbó el 9 de agosto, por lo que desde el Gobierno se barajan vías para enfrentar lo que muchos consideran un problema de salud pública por la cantidad de mujeres sin recursos que mueren en procedimientos clandestinos.

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