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Eso anunció el ministro peruano de Relaciones Exteriores Néstor Popolizio.
El canciller indicó en declaraciones publicadas hoy por la agencia oficial Andina que el objetivo del encuentro es establecer un mecanismo que permita desarrollar los 57 puntos del Compromiso de Lima suscrito en la pasada Cumbre de las Américas, cuyo lema fue “Gobernabilidad democrática frente a la corrupción”.
Popolizio comentó que los ciudadanos podrán conocer a través de este mecanismo el avance de cada Estado en el cumplimiento de los compromisos asumidos sobre acceso a la información, financiación de los partidos políticos, transparencia en obras públicas y recuperación de activos, entre otras políticas.
“La adopción de dicho mecanismo constituirá una señal clara de que los gobiernos de la región hemos fijado una tolerancia cero contra la corrupción y nos comprometemos a cooperar cuando se presenten casos de este tipo, pues constituyen amenazas a la democracia y el Estado de derecho”, apuntó.
La reunión se celebrará en el marco la bandera anticorrupción que ha enarbolado el Gobierno peruano del presidente Martín Vizcarra desde la irrupción en el país del caso Odebrecht y el descubrimiento de una gran red de corrupción en el seno de la judicatura, de la que eran partícipes magistrados, políticos y empresarios.
Todos los expresidentes peruanos que continúan vivos están investigados por distintos casos de corrupción, la mayoría por el dinero entregado por la constructora brasileña Odebrecht en forma de sobornos o de financiación irregular de campañas electorales, que configuran presuntos delitos de lavado de activos.
Por ello está en prisión preventiva la líder opositora Keiko Fujimori, mientras que el expresidente Ollanta Humala (2011-2016) ya pasó casi diez meses en la misma situación y el exmandatario Alejandro Toledo (2001-2006) pendiente de que se resuelva un pedido de extradición desde Estados Unidos para pasar a prisión preventiva.
Al expresidente Alan García (2006-2011) le prohibieron salir el pasado sábado del país por un período de 18 meses mientras continúan las investigaciones en su contra, lo que aceptó de buena forma, pero horas después acudió a la embajada de Uruguay en Lima aduciendo que es un perseguido político.