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03 de Setiembre de 2018 10:05

 

Para alejar la violencia, una ciudad mexicana transformó su policía

Por Paulina Villegas/The New York Times

MORELIA, México. Marcela Muñoz, policía, se acercó a un grupo de habitantes reunidos en la acera de un vecindario de clase media de esta ciudad con una intención poco frecuente: quería escuchar.

“¿Cómo están?”, le preguntó a la veintena de personas que respondieron a la invitación para encontrarse con la oficial. “Cuéntenme que ha pasado en la colonia últimamente”.

Durante la siguiente hora, en la que cada persona presente expresó sus preocupaciones sobre el narcomenudeo en el área, las calles que han sido vandalizadas o la gente que toma alcohol en zonas públicas, Muñoz anotó todas las quejas. Para cuando se fue, con la promesa de enviar más patrullas al área, se había vuelto acreedora de aplausos y una invitación para comer tamales cuando regresara.

“Acuérdense que estamos aquí para ayudar”, le dijo a la gente reunida, a quien invitó a mantenerse en contacto con ella vía WhatsApp.

En México es frecuente que haya recelo o miedo hacia la policía, que usualmente recibe salarios bajos y poca capacitación. La ciudadanía no solo ve a la policía como incapaz de lidiar con la violencia crónica del país, sino, en ocasiones, como la causa de esa violencia. En el mejor de los casos, es vista como cómplice debido a infracciones casi rutinarias, como pedir sobornos (o mordidas) en las paradas de tránsito, y, en el peor de los casos, es vista como una agencia cooptada por la delincuencia organizada.

La desconfianza y lejanía que eso genera quedan en evidencia sobre todo en estados como Michoacán, de los más afectados por la guerra contra el narcotráfico del país. Por lo que la conversación amistosa de Muñoz con los habitantes locales y su acercamiento directo luce, para muchos, como algo extraordinario.

La reunión con la comunidad es parte de un esfuerzo liderado por Bernardo León Olea, profesor y escritor vuelto comandante policial, para transformar a la policía moreliana en una fuerza altamente capacitada que sea bien recibida por los locales. A tres años de que se inició el proceso, el programa empieza a mostrar resultados.

En 2017, el año más mortífero en México desde que hay registro, la cantidad de muertes también se disparó en Michoacán. Pero en Morelia, la capital estatal, la cifra de homicidios disminuyó en un 18 por ciento en comparación al año anterior. Los sondeos del gobierno indican que la población reportó sentirse más segura.

Pese a un repunte de los homicidios en los primeros seis meses de este año, los expertos afirman que el experimento de Morelia con una policía enfocada en la comunidad debe retomarse para una estrategia de seguridad a nivel nacional.

El programa ha vuelto de esa fuerza policial “una estructura más sólida y resiliente”, dijo Rodrigo Canales, profesor de la Facultad de Administración de Yale quien lidera un estudio de las policías mexicanas en conjunto con el Instituto Mexicano para la Competitividad. “Apenas estaban arrancando, pero indiscutiblemente van por buen camino”.

León Olea, quien se desempeñó como consultor de seguridad del expresidente mexicano Vicente Fox, confesó que la tarea de cambiar la relación de la policía con la ciudadanía, así como la percepción pública de la policía, puede ser abrumador.

Casos como la desaparición de 43 estudiantes normalistas en septiembre de 2014 después de ser atacados por una policía vinculada a un grupo de narcotráfico han traumatizado a los mexicanos y ensombrecido su imagen de las fuerzas del orden.

León Olea se inspiró en los esfuerzos comunitarios de algunos departamentos policiales estadounidenses, así como la teoría de ventanas rotas enaltecida por William Bratton, excomisionado de la policía de Nueva York que combatió delitos vecinales pequeños para mejorar la calidad de vida.

Una fuerza local como la de Morelia no puede “resolver el crimen organizado ni luchar contra los Chapos de México”, dijo León Olea, quien fue nombrado al puesto en 2015 para un mandato de tres años por el primer alcalde independiente de la ciudad, Alfonso Martínez Alcázar. “Lo que sí podemos hacer es resolver lo que le afecta a la gente común”.

Para ello, reclutó a psicólogos, abogados y trabajadores sociales, a quienes capacitó para intervenciones de conflictos domésticos y vecinales. También abrió centros de atención a víctimas con asistencia médica y psicológica; todos están bajo la tutela de Muñoz, quien los dirige junto con un equipo que es casi paritario en cuestión de mujeres.

Tener a personal femenino era clave para atender los casos frecuentes de violencia doméstica y que las mujeres tuvieran contacto con alguien con quien les es más fácil presentar la denuncia.

Para lidiar con los retrasos burocráticos, León Olea introdujo el uso de juzgados civiles para delitos menores; ahí, los ciudadanos son multados o reciben condenas que incluyen servicio comunitario o acudir a reuniones de Alcohólicos Anónimos.

Lo que posiblemente sea más significativo es que ofreció la posibilidad de que los ciudadanos levanten las actas y quejas en el mismo sitio al que llegó un policía para atender un caso, a diferencia de tener que ir al ministerio público local, un requisito que desincentiva a muchos mexicanos de reportar los delitos. De acuerdo con el Instituto de Estadística, Geografía e Informática mexicano, el 92 por ciento de los crímenes no son reportados en México.

Con las nuevas reglas, la cantidad de delitos reportados a la policía moreliana se disparó de 435 en 2016 a más de 5.000 el año siguiente.

La reforma de la policía fue una parte importante de ese cambio e incluyó mejorar las condiciones de los oficiales. León Olea destinó un fondo federal especial para aumentar en cinco veces las fuerzas, de 120 a 614 oficiales, y poder ofrecerles prestaciones como fondos de retiro, becas para sus hijos o vales de comida.

También dedicó 2 millones de dólares a uniformes nuevos y de mejor calidad, que asegura aumentaron el orgullo de los policías al mejorar su apariencia. Muñoz incluso pintó sus uñas de colores azul y blanco para combinar.

Otras acciones, como la compra de patrullas, fueron subsidiados por fondos federales pensados para el resguardo de áreas turísticas y ciudades con altos índices delictivos.

León Olea no tenía los fondos para realizar todos los cambios deseados, sobre todo la promesa de aumentar de manera significativa los sueldos, que empiezan en 500 dólares al mes para los oficiales nuevos y son una fuente de quejas constantes.

Aunque los expertos reconocen el impacto que ha tenido el enfoque, algunos aseguran que no es posible reproducir los logros recientes de Morelia, pues se deben en parte a la presencia de la Marina y el Ejército en proteger a la ciudad de la delincuencia organizada y el narcotráfico, que se encuentran sobre todo en zonas rurales de Michoacán. Las fuerzas armadas fueron desplegadas al estado hace doce años y las operaciones se expandieron un año antes de que León Olea asumiera el cargo

La protección que ofreció esa intervención federal le permitió a León Olea construir la policía local a partir de su visión, a decir de Eduardo Guerrero, analista de seguridad con sede en Ciudad de México y que estudia la situación michoacana.

“La mayoría de los comisionados heredan policías más grandes que tienen muchos problemas; muchos de ellos incluso ya cooptados por el crimen organizado”, dijo. “Morelia no es México”.

León Olea termina su mandato este sábado 1 de septiembre, cuando toma posesión un nuevo presidente municipal. No queda claro si los programas policiales se mantendrán. Es común que haya cambios en cuanto hay un nuevo líder; es uno de los problemas más constantes en todo México para tener una política de seguridad más consistente.

No hay atajos “para este tema de transformar policías y lidiar con crimen”, dijo Canales, de la Facultad de Administración de Yale. “Tienes que darle tiempo a estos modelos para que maduren y den frutos”.

Sin embargo, algunos de los cambios de los últimos años sí seguirán.

La policía Jessica Gutiérrez acudió una mañana reciente a una escuela primaria en la que estaban reunidos los padres de familia y sus hijos. “Estamos aquí para protegerlos, y ayudarlos, no para lastimarlos”, les dijo.

Gutiérrez, de 26 años y con formación en Psicología, dijo que soñaba con ser una “superheroína” de la vida real; una policía que pudiera mantener seguros a los ciudadanos. Aunque dijo que sus familiares rechazaron la idea cuando les contó que iba a acudir a la academia policial, hace un año y medio.

“Ahora me hablan todo el tiempo para que los ayude con sinfín de problemas”, dijo. “Me di cuenta de que si pude cambiar la opinión de mi familia, quizá puedo también cambiar la percepción de la sociedad”.

 

 
 

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