WASHINGTON. Con estos fondos se busca mejorar el acceso a los servicios de atención materno infantil y el tratamiento de enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión, el cáncer de cuello uterino y de mama, y de las enfermedades transmisibles como el VIH, las enfermedades de transmisión sexual y la tuberculosis.

El déficit de la infraestructura de atención primaria de la salud sigue siendo un factor crítico para el acceso a la atención y se estima que el déficit total es de unas 800 unidades de salud de la familia, indicó el organismo multilateral.

“El proyecto nos permitirá avanzar hacia el acceso universal a la salud poniendo en el centro a las personas (...) en particular en lo que se refiere a la optimización de los procesos de logística de medicamentos y la conexión efectiva entre los diferentes niveles de atención con énfasis en las enfermedades que tienen mayor incidencia en nuestra población”, dijo Julio Mazzoleni, ministro de Salud Pública y Bienestar Social de Paraguay.

Los principales beneficiarios serán las mujeres en edad fértil y los niños, así como la población afectada por enfermedades prevalentes, quienes representan cerca del 70% de la población del país, lo que supone cerca de 4,6 millones de paraguayos.

“Fortalecer la capacidad y calidad de la red de atención primaria de salud es vital para garantizar a todos los ciudadanos el acceso a una salud de calidad”, aseguró por su parte, Jesko Hentschel, director del BM para Argentina, Paraguay y Uruguay.

Aunque cuenta con carácter nacional, el proyecto se centrará en los departamentos de Central, Paraguarí, Cordillera y Amambay, donde se prevé la construcción de 152 nuevas Unidades de Salud Familiar y la rehabilitación de 114 ya existentes, así como el mejoramiento de 10 hospitales.

El proyecto se enmarca en la Estrategia de Alianza del Banco Mundial con Paraguay para el período 2019-2023 que apoya los esfuerzos del país por evolucionar hacia un modelo económico sostenible, con énfasis en la inversión en capital humano (salud, educación y protección social) y las mejoras en la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento institucional.

El préstamo es reembolsable a 31,5 años e incluye un período de gracia de ocho años.