“He tomado la medida de mantenerme fuera del país por las acusaciones falsas que fueron lanzadas ayer en Twitter por (la senadora oficialista) María Fernanda Cabal y replicadas por varios políticos en las últimas 24 horas”, señaló Casey en un mensaje enviado a la prensa.

En el reportaje “Las órdenes de letalidad del ejército colombiano ponen en riesgo a los civiles, según oficiales” publicado el sábado, el periodista denunció que el ejército colombiano estaba exigiendo a sus tropas “duplicar” las bajas y capturas en combate, sin pedirles “perfección” ni total “exactitud” al “ejecutar ataques letales”.

La congresista Cabal publicó en Twitter fotos del corresponsal y escribió: “Este es el ’periodista’ Nicholas Casey, que en 2016 estuvo de gira con (1/8)la guerrilla de(3/8) las FARC en la selva ¿Cuánto le habrán pagado por este reportaje? ¿Y por el de ahora, contra el ejército de Colombia?”.

El mensaje se viralizó y otros simpatizantes del partido derechista del presidente Iván Duque se sumaron a las críticas. The New York Times respondió en la misma red social: “Informamos de manera precisa e imparcial (...) En este caso, simplemente informamos de lo que dicen los documentos escritos por el ejército, así como información proveniente de los mismos oficiales colombianos”.

Ante la polémica, el ministro de Defensa describió como “lleno de inconsistencias” el artículo, en una declaración junto a Duque. La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez escribió a su vez en Twitter que Duque “tiene suficientes argumentos para desvirtuar” lo publicado.

Por su parte, la Asociación de Prensa Internacional de Colombia señaló en un comunicado que la “estigmatización” de los periodistas “pone en peligro” su vida y pidió una “rectificación” a los implicados.

El director para las Américas de la ONG Human Rights Watch (HRW) , José Miguel Vivanco, había dicho el sábado: “Estas prácticas sugieren que el actual Ejército y el Ministerio de Defensa no han aprendido nada de uno de los capítulos más oscuros de la historia de Colombia, el de los falsos positivos. Estos incentivos ponen en serio riesgo a la población civil”.

Los llamados “falsos positivos” eran una práctica utilizada por la fuerza pública entre 2002 y 2008, bajo el gobierno de Álvaro Uribe, padrino político de Duque, de ejecutar personas a las que hacían pasar por guerrilleros muertos en enfrentamientos.

Según HRW, “más de 3.000 civiles” habrían sido asesinados así en ese periodo. Según la fiscalía, 961 uniformados han sido condenados por ese delito. Colombia, principal productor mundial de cocaína, vive un conflicto armado que durante medio siglo ha enfrentado a guerrillas, paramilitares, agentes estatales y narcos, con un saldo de más de ocho millones de víctimas.