Según un comunicado del Observatorio Venezolano de la Salud (OVS), la Red Defendamos la Epidemiología Nacional y la Sociedad Venezolana de Salud Pública emitieron una primera alerta el pasado 17 de septiembre cuando avisaron sobre tres casos sospechosos de difteria en el estado Bolívar (sur).

Estos casos correspondían a niños que fallecieron pocos días después, de acuerdo con el comunicado.

En esta alerta, instaron a las autoridades sanitarias nacionales, en este caso al Ministerio de Salud, a informar sobre el brote de la enfermedad, proveer el tratamiento recomendado y garantizar el cuidado de los pacientes que padecieran la enfermedad.

Posteriormente, emitieron una segunda alerta del 26 de septiembre en la que informaron de que desconocían el número de casos y de fallecidos que estaban siendo afectados pero, basándose en información extraoficial, aseguraron que los enfermos y fallecidos se habían incrementado.

En esta oportunidad, las organizaciones de salud acotaron que el brote de difteria se sumaba al ya existente brote de malaria en el municipio Sifontes, del estado Bolívar.

Según el OVS, la única declaración oficial hasta ahora fue la realizada por el gobernador de ese estado, Francisco Rangel Gómez, el 27 de septiembre, en la que comentó que “ciertamente existen reportes de casos de difteria en algunas zonas del municipio Sifontes”.

El OVS indica que las autoridades regionales de salud, en conjunto con la gobernación de Bolívar, iniciaron “acciones para minimizar cualquier eventualidad sanitaria (...) en aras de atender y prevenir casos puntuales y focalizados de difteria y otras enfermedades infecto contagiosas en la entidad”.

El Ministerio de Salud venezolano aún no se ha referido a los casos de difteria que se han registrado en el país caribeño, pero medios regionales han reseñado algunas muertes atribuidas presuntamente a esta enfermedad infecciosa en Bolívar, y casos sospechosos en los orientales estados de Monagas y Anzoátegui.

El OVS expresa “preocupación” porque solo el Parlamento venezolano ha atendido su llamado, mientras que el resto de los poderes públicos aseguran que no han actuado ante lo que consideran “violaciones” al derecho a la salud y a la vida por parte del Ministerio de Salud.