Según medios locales, el Tribunal Superior de Pretoria decidirá el próximo martes sobre el mismo, lo que en principio evitará que se publique mañana, como estaba previsto.

La Defensora del Pueblo, Thuli Madonsela, se despide mañana del cargo después de siete años en los que se ha convertido en la voz más firme contra Zuma, contra el que se retomaron este año 783 acusaciones de corrupción retiradas por la Fiscalía antes de que llegara a la Presidencia.

El informe que Zuma intenta bloquear arrojará luz sobre el supuesto trato de favor que el presidente ha otorgado a las empresas de los hermanos Gupta, multimillonarios de origen indio con los que la familia del jefe del Estado tiene negocios.

Varios altos cargos del Gobierno, las empresas públicas y el oficialista Congreso Nacional Africano (CNA) que preside Zuma han denunciado la “captura del Estado” por parte de los Gupta, que se habrían beneficiado indebidamente de contratos públicos millonarios gracias a su amistad con el presidente.

El viceministro de Finanzas, Mcebisi Jonas, y una exparlamentaria del CNA aseguraron este año que los Gupta llegaron ofrecerles los puestos de ministros de Finanzas y de Obras Públicas respectivamente.

Otras figuras vinculadas con las empresas estatales y el Gobierno también han denunciado presiones de los Gupta, que tienen intereses en sectores como la minería, la aviación, la informática o la comunicación.

Madonsela ya puso a Zuma contra las cuerdas en 2014, al revelar en otro de sus informes que el presidente se había gastado más de 15 millones de euros de dinero público en reformar su residencia privada en su pueblo de la región de KwaZulu-Natal.

Entre las infraestructuras construidas -justificadas por necesidades de seguridad- se incluían un establo para vacas, un corral para pollos, una piscina y un anfiteatro.

Madonsela dispuso entonces que Zuma debía devolver a las arcas públicas el dinero correspondiente a los gastos no destinados a seguridad, a lo que el presidente se negó repetidamente hasta que el Tribunal Constitucional le obligara a hacerlo en marzo de este año.

La Defensora del Pueblo ha recibido amenazas y desacreditaciones constantes desde el CNA, y se ha convertido en una de las personas más respetadas de Sudáfrica debido a la determinación con que ha expuesto los supuestos abusos del presidente.