La decisión, adoptada en forma unánime por los cuatro miembros de la sala, supone que el exmandatario, en la prisión desde el 7 de abril de 2018, podría ser beneficiado con un régimen de detención domiciliaria a partir del próximo mes de septiembre, según cálculos de expertos en asuntos jurídicos.
La reducción de pena fue planteada por el juez Félix Fischer, instructor de la Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia de Brasil, y apoyada por los otros magistrados, en una audiencia en LA que fueron analizadas nuevas apelaciones formuladas por la defensa del expresidente (2003-2010).
Entre otros asuntos, la defensa pedía en realidad la anulación del juicio en primera instancia y, por ende, la de la condena que fue dictada por un tribunal de alzada, que le condenó a doce años de cárcel, ahora reducidos a ocho años y diez meses.
El caso se refiere a la primera condena dictada contra Lula en la segunda instancia, por corrupción pasiva y lavado de dinero, una vez que la Justicia consideró probado que recibió a modo de soborno un apartamento de tres plantas en la playa de Guarujá, a cambio de favorecer a la constructora OAS en contratos con Petrobras.
Sobre Lula ya pesa otra condena a otros doce años de cárcel en un caso muy similar, pero dictada hasta ahora en primera instancia y no aún confirmada en la segunda.
En caso de que se ratificara esa pena en la segunda instancia, lo que podría ocurrir durante el primer semestre de este año, pudiera verse frustrada la posibilidad de que el exmandatario pase a cumplir lo que resta de su primera condena en su domicilio.
En ese segundo proceso, el asunto se refiere a una casa de campo en el interior del estado de Sao Paulo, que también le habría sido entregada a título de soborno a Lula, quien además enfrenta otras seis causas penales por supuesta corrupción.
Desde que fue encarcelado, Lula permanece en una celda especial, de 15 metros cuadrados y adaptada a su condición de expresidente en un edificio de la Policía Federal en Curitiba, ciudad del sur del país en la que tiene sede el tribunal a cargo de la operación Lava Jato contra la corrupción, por la que fue condenado.