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Esto es según un informe de la Comisión Internacional de la ONU sobre Siria.
La evacuación de civiles de la ciudad concluida entre el régimen y los rebeldes con apoyo de sus respectivos aliados constituyó en sí misma un “crimen de guerra” al implicar el “desplazamiento forzado de población civil”, según ese informe que cubre el periodo del 21 de julio de 2016, cuando empezó el asedio a la ciudad, hasta la reconquista total el 22 de diciembre.
Los autores de esta investigación independiente subrayan el papel de las fuerzas del régimen en esta batalla de una “violencia implacable”, particularmente el papel de Rusia.
“Entre julio y diciembre de 2016, las fuerzas rusas y sirias llevaron a cabo bombardeos aéreos cotidianos, dejando centenares de muertos y reduciendo a ceniza hospitales, escuelas y mercados”, denuncia el documento. Asimismo, acusa a las fuerzas sirias de emplear armas prohibidas como el cloro o las bombas de fragmentación.
La comisión de investigación apunta por primera vez al régimen de Damasco como responsable del ataque de un convoy humanitario el 19 de septiembre con ayuda para Orum al Kubra, cerca de Alepo.
El ataque, en el que habrían muerto hasta 15 trabajadores, según el informe, suscitó la indignación de la comunidad internacional y echó por tierra los esfuerzos de Moscú y Washington para decretar un alto el fuego.
“Todos los informes, imágenes satélites, testimonios y peritajes médico-legales en el terreno (...) implican a las fuerzas sirias”, según ese informe, que acusa a los últimos de haber cometido un “crimen de guerra” al “atacar deliberadamente” el convoy.
Damasco y Moscú siempre han desmentido su responsabilidad en ese ataque.
El informe de la Comisión también acusa de cometer crímenes de guerra a los rebeldes sirios, que controlaban el este de Alepo y llevaron a cabo una “campaña de bombardeos indiscriminados” sobre la parte occidental de la ciudad bajo control gubernamental.
Cita especialmente el ataque a un minibús de estudiantes el 10 de agosto en el que murieron 13 personas y otro el 6 de octubre contra un mercado que dejó 12 muertos.
Además, el informe acusa a la rebelión de utilizar a la población civil como escudos humanos y califica de “crimen de guerra” la evacuación de habitantes del este de la ciudad, acordada entre el régimen y los rebeldes con apoyo de sus respectivos aliados, al implicar el “desplazamiento forzado de población civil”.