Los blancos de las órdenes de allanamiento cumplidas hoy por agentes federales en las ciudades de Brasilia, Canoas, Porto Alegre, Joao Pessoa y Campina Grande fueron el diputado Marco Maia, que fue presidente de la Cámara Baja entre 2011 y 2012, y el exsenador Vital do Rego, actualmente magistrado del Tribunal de Cuentas de la Unión.

Ambos fueron acusados de corrupción pasiva y lavado de dinero por supuestamente haber recibido sobornos a cambio de sabotear una investigación que la Cámara de Diputados abrió en 2014 para verificar las denuncias de corrupción en el seno de Petrobras contra decenas de políticos e importantes empresarios.

En la época, Vital do Rego se desempeñaba como presidente y Maia como vicepresidente de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) que el Congreso instaló para investigar la corrupción en la petrolera.

Los registros en las residencias de los políticos para la recolección de posibles pruebas fueron ordenados por el magistrado Teori Zavascki, uno de los miembros del Supremo Tribunal Federal (STF), debido a que ambos cuentan con fuero privilegiado.

Zavascki abrió una investigación contra ambos con base en las acusaciones hechas por el exsenador Delcidio Amaral, uno de los condenados por el escándalo de corrupción y que aceptó colaborar con las investigaciones a cambio de una reducción de su condena.

De acuerdo con Amaral, los dos acusados recibieron sobornos de importantes empresarios, encubiertos como donaciones para sus campañas electorales, a cambio de que fueran excluidos de la lista de ejecutivos que serían convocados por la Comisión Investigadora para interrogatorio.

El proceso por los desvíos en Petrobras ha mandado a la cárcel a varios exaltos cargos de la petrolera, a los principales ejecutivos de una veintena de grandes empresas que eran contratistas de la estatal y a algunos políticos.

La Fiscalía ha solicitado la apertura de juicios contra decenas de políticos salpicados por el escándalo pero los procesos contra los parlamentarios marchan a un ritmo más lento debido al fuero privilegiado que los protege.

Los registros se produjeron un día después de que unos 400.000 brasileños, según los organizadores, salieran a las calles de decenas de ciudades en todo el país para manifestar su respaldo a las investigaciones del escándalo de Petrobras y el castigo a los políticos implicados en el caso.

Las marchas fueron convocadas días después de que la Cámara de Diputados incluyera en un proyecto de ley de iniciativa popular para mejorar el combate a la corrupción algunas enmiendas que desfiguran la iniciativa original y amenazan con prisión a fiscales y jueces que supuestamente actúen de forma partidaria contra parlamentarios.