Escogido por el presidente electo Jair Bolsonaro para combatir la corrupción y el crimen organizado, Moro designará como jefe de la Policía Federal a Mauricio Valeixo, actual jefe de esa institución en el estado de Paraná, donde el exjuez comandó la operación Lava Jato desde 2014.
Moro afirmó este martes a periodistas en Brasilia que “sería un tonto si no aprovechase las personas que trabajaron” con él, “especialmente en el ámbito de la operación Lava Jato porque ya probaron su integridad y su eficiencia”.
Valeixo, al frente de la PF de Paraná desde fines de 2017, comandó la operación de prisión del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, ordenada por Moro en abril de este año.
Moro también confirmó que la comisaria Érika Marena, que tuvo una actuación destacada en las investigaciones que dieron inicio al Lava Jato, estará al frente del departamento de Recuperación de Activos y Cooperación Jurídica Internacional.
El futuro ministro sostiene que es una de las mayores especialistas que existe en Brasil en esa área. Recientemente, Marena se vio involucrada en un episodio polémico al comandar una operación policial que investigaba supuestos desvíos de dinero en la Universidad Federal de Santa Catarina, en el sur del país.
El rector de la Universidad, Cancellier de Olivo, que se declaraba inocente, fue detenido y, aunque lo liberaron 24 horas después, fue separado de su cargo y prohibido de volver a la universidad por orden judicial. Pocas semanas después, se suicidó lanzándose desde el séptimo piso de un centro comercial en Florianópolis con un mensaje en el bolsillo de su pantalón: “Decretaron mi muerte cuando fui expulsado de la universidad”.
Cuestionado sobre el episodio este martes, Moro respaldó a Marena. “Fue una tragedia, algo trágico, toda la solidaridad a los familiares del rector, pero fue un infortunio imprevisto en la investigación. La comisaria no tiene responsabilidad en cuanto a eso”, aseguró Moro.
La operación Lava Jato desbarató una red de pago de sobornos de importantes empresas privadas, como constructoras, a políticos y funcionarios estatales a cambio de obras públicas y beneficios. El caso golpeó a toda América Latina.