Surgió como un ideal común para todos los pueblos y naciones al establecer por vez primera los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en el mundo.

“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”, dice el primer artículo de la Declaración, que señala también, en su segundo, que “que esas libertades y derechos son sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”.

Sus 30 artículos recogen -entre otros puntos- que “todo individuo tiene derecho a la vida, la libertad y la seguridad de su persona, alimentación, vestido o la vivienda o los servicios sociales necesarios”, y también que “nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre”. Sin embargo, a lo largo de estos años distintas organizaciones internacionales vienen denunciando el incumplimiento de los principios fundamentales, como refiere también en su informe de 2017 Amnistía Internacional (AI) que denuncia infracciones en 159 países.

Además, los derechos recogidos en la Declaración de 1948 inspiran también los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU (ODS), que pretenden erradicar para 2030 la pobreza, el hambre y la explotación infantil, algo en lo que tampoco se ha avanzado ya que, según informó UNICEF en junio pasado, 151,6 millones de niños se ven obligados a trabajar en el mundo, y de ellos 73 millones realizan trabajos peligrosos.

“Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”, dice otro apartado de la DUDH. Amnistía Internacional registró 2.591 condenas a muerte en 53 países en 2017, lo que supone un descenso considerable con respecto a la cifra récord de 3.117 de 2016. La mayoría de ellas tuvieron lugar en China, Irán, Arabia Saudí, Irak y Pakistán.

En países como Arabia Saudí, Baréin, China, Irak e Irán -denuncia el informe- se realizaron ejecuciones y condenas a muerte mediante procedimientos judiciales sin garantías, lo que se traduce a veces en obtener información mediante coacción, torturas y malos tratos.

A pesar de que en su artículo 2 la declaración dice que “toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados, sin distinción alguna de raza o sexo”, las mujeres son discriminadas en el mundo, según ONU Mujeres, organismo dedicado a acelerar el proceso de igualdad de género y poder de la mujer.

Esta institución señala que 4,4 millones de mujeres viven en la extrema pobreza en 89 países en comparación con los hombres y también que existen 15 millones de niñas que nunca aprenderán a leer y escribir, comparado con 10 millones de niños.

La Organización Mundial de la Salud también denuncia que el 70% de las mujeres asesinadas en el mundo lo son a manos de sus parejas o exparejas, mientras que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito refleja que el mismo porcentaje de mujeres y niñas son objeto de trata de personas.

Sobre la libertad de expresión y opinión que defiende otro apartado, Reporteros Sin Fronteras sitúa en el ránking de países que incumplen este principio a Corea del Norte, Eritrea, Turkmenistán, Siria o China, entre otros.

El artículo 15 recuerda también que toda persona tiene derecho a una nacionalidad y que a nadie se privará arbitrariamente de ella, y a este respecto la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) estima que al menos 10 millones de personas no tienen nacionalidad o son apátridas. Entre estos grupos ACNUR incluye a mauritanos negros, butaneses, kurdos, eritreos-etíopes, palestinos, saharauis o los rohinyá, que han cobrado actualidad al sufrir una limpieza étnica por parte del ejército birmano y que provocaron el pasado año el éxodo a Bangladesh de más de 655.000 miembros de esa comunidad musulmana, a la que las autoridades de Birmania niegan la ciudadanía.