En marzo de 2017, la Oficina de Reasentamiento de Refugiados había anunciado que sus albergues “tenían prohibida cualquier acción que facilite un aborto sin la indicación y aprobación del (entonces) director (Scott Lloyd)”.

Durante toda la gestión de Lloyd al frente de esa agencia, éste rechazó todas las solicitudes de aborto presentadas. “Esa política opera como una veda total del acceso al aborto”, señaló hoy el tribunal de apelaciones.

“Bajo precedente del Tribunal Supremo una persona tiene derecho constitucional a terminar su embarazo antes de la viabilidad (del feto) y el gobierno no puede dificultar indebidamente esa decisión”. La demanda la habían iniciado cuatro mujeres, incluida la más prominente conocida como “Jane Doe” quien había sido detenida en la frontera cuando tenía 17 años de edad y estaba alojada en un albergue de Texas.

La joven había obtenido dinero y hecho los arreglos para el transporte para tener un aborto cuando se le impidió hacerlo por instrucción de Lloyd. La mujer finalmente obtuvo un aborto tras la intervención de los tribunales.

Johanny Adames, portavoz hispana de Planned Parenthood Federation of America, señaló en una declaración que “toda mujer merece tener acceso a cuidados de salud básico, incluyendo el aborto, sin importar su estatus migratorio”.

“Aplaudimos la decisión del tribunal de apelaciones de no permitir que la administración Trump ponga en riesgo el bienestar y la vida de jóvenes y mujeres, en búsqueda de sus políticas e ideologías extremas”, añadió.

“Con papeles o sin papeles, y al igual que otros jóvenes en Estados Unidos, cualquier persona que se encuentre en un centro de detención tiene el derecho de tomar sus propias decisiones acerca de si quiere o no tener hijos”, sostuvo Adames.

Una decisión del Congreso de EE.UU., adoptada en 1997 y conocida como Enmienda Hyde, prohíbe el uso de fondos federales para pagar por abortos con la excepción de casos en que esté en peligro la vida de la madre, o el embarazo sea resultado de incesto o violación.

La decisión con dos votos a favor y uno en contra sostuvo que la negación del acceso al aborto para las adolescentes detenidas va en contra de los precedentes establecidos por el Tribunal Supremo de Justicia.

La decisión de hoy permite que las suspensiones de aplicación ordenadas por tribunales de menor monta quedan en pie, frenando la veda de abortos que había resuelto el Ejecutivo.

Los jueces señalaron que la opinión emitida este viernes se aplica solamente a las menores que se encuentran en custodia del gobierno federal, y que las inmigrantes indocumentadas de más de 18 años de edad tienen permiso para obtener abortos.