/arc-anglerfish-arc2-prod-abccolor.s3.amazonaws.com/public/EVUVWLJBFFDVLDE257XFTRZH24.jpg)
Cargando...
BRASILIA (AFP). La quinta corte del STJ, un tribunal de tercera instancia, comenzó a juzgar una apelación para revertir la condena contra el exmandatario (2003-2010) en el marco de la operación Lava Jato, que destapó un gigantesco esquema de sobornos centrado en Petrobras.
La sesión, transmitida por el canal de YouTube del STJ, comenzó a pesar de que la defensa de Lula, en prisión desde el 7 de abril de 2018 en Curitiba (sur), solicitó la noche del lunes retrasar el juzgamiento, alegando que no fue notificado por el tribunal sobre el mismo.
El presidente del STJ, Joao Otavio Noronha, explicó que no se cometió ninguna irregularidad por tratarse de un proceso interno, en el cual la quinta corte revisará la decisión del juez Felix Fischer, relator del caso Lava Jato, de rechazar individualmente el recurso de Lula en noviembre pasado.
¿Ya lo leíste? El año en prisión de Lula: libros, cartas y convicciones
Además de Fischer, los magistrados Reynaldo Soares (presidente de la quinta corte), Jorge Mussi y Marcelo Navarro Ribeiro Dantas juzgarán la causa.
El quinto juez de la corte se declaró inhabilitado, por lo cual en caso de empate en la votación será llamado a zanjar un magistrado de otra corte del mismo tribunal.
El STJ puede decidir mantener la condena de 12 años y un mes de cárcel, liberar a Lula o reducir la pena, con posibilidades de que cumpla prisión domiciliaria.
Te puede interesar: Retorna a Brasil dinero del “lavado”
Lula alega que fue condenado sin pruebas y denuncia una persecución judicial para impedir que el Partido de los Trabajadores (PT) volviera al poder en las elecciones de octubre pasado, en las que venció el ultraconservador Jair Bolsonaro. Lula era favorito en las encuestas hasta su inhabilitación.
Sus abogados piden su absolución, y últimamente presentaron la alternativa de que las acusaciones de lavado de dinero sean consideradas como crimen electoral, lo cual podría reducir su pena.
Lula fue condenado en febrero pasado a otros 12 años y 11 meses de cárcel por un tribunal de primera instancia por la realización de reformas en otra propiedad, igualmente a cambio de contratos en la petrolera estatal.
Enfrenta además otras causas que esperan sentencia, pero su estadía en prisión se debe al caso del tríplex de Guarujá, dado que la ley brasileña permite que el primer recurso se pueda presentar en libertad.