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La prolongación se esperaba después de que el ministro tunecino de Defensa, Farhat Horchani, asegura esta semana a la prensa local que el nivel de amenaza terrorista se mantiene y la vinculara a la inestabilidad política y la guerra en la vecina Libia.
Fuentes de Inteligencia locales creen que la mayor parte de los líderes de la rama libia de la organización yihadista “Estado Islámico” proceden de movimientos islamista radicales tunecinos como “Ansar al Sharia” o el grupo “Oqba bin Nafaa”.
Ayer miércoles, el primer ministro tunecino, Yusef Chahid, dio a entender, por su parte, que esta podría ser la última renovación de una medida que restringe los derechos individuales y sociales y que el Zinedin el Abedin Ben Ali, el dictador derrocado en 2011, utilizó como instrumento de represión.
Organizaciones de defensa de los derechos humanos internacionales y locales, además de otros grupos de la sociedad civil, han alertado que la imposición de la ley de emergencia ha ensombrecido algunos de los progresos logrados por la revolución.
Otras, como Amnistía Internacional, van mucho más allá e incluso advierten que cuestiones permitidas bajo esa ley, como los arrestos y registros indiscriminados o la detención preventiva durante 48 horas sin acceso a abogado, facilitan la tortura y amenazan el progreso en el país.
Túnez sufrió tres graves atentados yihadistas en 2015 que segaron la vida de 72 personas, sesenta de ellas turistas extranjeros.
Según datos manejados por el Gobierno local, alrededor de 5.000 tunecinos se han sumado a grupos radicales islámicos en el extranjero, lo que convierte al país en el “primer exportador” mundial de yihadistas.