CARACAS. Venezuela desconoce el paradero del jefe del Parlamento, luego de que este miércoles se autoproclamara Presidente interino del país, quien sin embargo, ha pasado las últimas horas agradeciendo el apoyo que le han expresado varios Gobiernos e instituciones internacionales.

Dos allegados a Guaidó aseguraron a Efe que el opositor está a “buen resguardo” pero que se mantendrá “en reserva ” el lugar de su ubicación al menos durante este día debido a la incertidumbre en cuanto a la actuación de la Justicia.

Poco antes de que Guaidó se autoproclamara, en el marco de la “usurpación” de la presidencia a manos de Nicolás Maduro, el Supremo venezolano pidió a la Justicia actuar en contra del Parlamento y su directiva.

El magistrado Juan José Mendoza, presidente de la Sala Constitucional del Supremo de Venezuela, exhortó el miércoles a la Fiscalía a “determinar las responsabilidades que pudieran tener los integrantes de la Asamblea Nacional ante la objetiva materialización de conductas constitutivas de tipo delictivo”.

El Supremo sustentó esta declaración en “la inconstitucionalidad de las actuaciones” en que declaró al Poder Legislativo en 2016, solo semanas después de que la oposición le arrebatara el control de la Cámara al chavismo.

Guaidó ya fue detenido por el Servicio Bolivariano de Inteligencia venezolano exactamente 10 días antes de su autoproclamación, poco después de haber asegurado que tenía plenas condiciones constitucionales para asumir la Presidencia en lugar de Nicolás Maduro.

La ministra venezolana de Servicios Penitenciarios, Iris Varela, advirtió esa misma semana a Guaidó que ya le había “preparado una celda” debido a su intención de provocar un cambio de Gobierno en el país, algo que el chavismo señala como un plan golpista.

El jefe de la Cámara venezolana anunció que se adjudicaba las competencias del Ejecutivo como presidente encargado tras señalar que se aferraba a los artículos 233, 333 y 350 de la Constitución lo que debería ofrecerle un blindaje legal.

Guaidó, además, ha contado con el apoyo inmediato de numerosos Gobiernos, el primero de ellos del estadounidense Donald Trump, así como el de casi la totalidad de los miembros del llamado Grupo de Lima, así como de instituciones internacionales como la OEA.