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El cine nos enseñó ya hace años sobre esos dispositivos y tenemos una idea hollywoodense de cómo funcionan: una tobillera oscura en la pierna de una persona que intenta en vano quitársela. Apenas abandona la propiedad donde cumple arresto domiciliario, suena una potente alarma que se oye en toda la cuadra. Hace un gesto de desaprobación pero de todas formas intenta escapar. En breve una patrullera aparece para devolverlo a su encierro hogareño.
La ley 5863/17 “Que establece la implementación de los dispositivos electrónicos de control” fue sancionada en setiembre del año pasado con la intención de poner en práctica este sistema de monitoreo a personas con procesos judiciales.
El documento tiene cuatro páginas e incontables dudas sobre su aplicación. Hasta el momento, cuando faltan ocho meses para que entre en vigencia, carece de reglamentación.
“Es buenísima la idea, pero hay que bajarlo a tierra”. Así califica la ley el secretario general de la Corte Suprema de Justicia, Gonzalo Sosa Nicoli. Esa institución fue elegida por el Congreso Nacional para reglamentar e implementar la normativa.
De acuerdo a la legislación, se trata de implementar un Sistema de Monitoreo por Dispositivos Electrónicos de Control (SIMDEC) en el marco de procesos judiciales consistentes en el monitoreo del tránsito de los beneficiarios en un radio de acción y desplazamiento, por medio de dispositivos electrónicos, como pulseras, tobilleras u otro medio idóneo similar que pueda ser adherido al cuerpo y permita el control efectivo del cumplimiento de lo dispuesto por la ley. De hecho aún no está definido el tipo de dispositivo a ser empleado.
Este sistema se podrá aplicar en diferentes áreas de la justicia, como el traslado de presos de una prisión a un hospital, personas con prisión domiciliaria, libertad condicional, reos beneficiados con el régimen de salidas transitorias o semilibertad, y los permisos de salida.
También hay expectativas con respecto a su uso en el ámbito de la violencia contra los menores y la violencia familiar, ya que podrá ser destinado a aquellos que cuentan con orden de exclusión y alejamiento de la vivienda.
Es justamente en este apartado donde se acapara la atención, pues podría prevenir episodios como el doble feminicidio registrado en San Lorenzo, donde un hombre asesinó a su exesposa, a su hija, atacó a tiros a un policía y luego se quitó la vida. El autor tenía una orden de exclusión del hogar desde hace un año.
El secretario reconoce que el proyecto podría ayudar enormemente a descomprimir las cárceles, ya que el sistema abusa de la prisión preventiva, lo que genera una desproporcionada población penitenciaria entre condenados y procesados.
Para Sosa Nicoli, el principal inconveniente se encuentra el control de los usuarios de los dispositivos, ya que considera que debe estar a cargo del Ministerio de Justicia que es la autoridad máxima en el sistema penitenciario, o en todo caso de la Policía Nacional.
De hecho, el artículo 8 de la ley establece la creación de una oficina de control institucional con representantes de la Corte, del Ministerio Público, del Ministerio del Interior y del Ministerio de Justicia. Solo que las partes aún no están coordinadas.
Además tampoco se tiene idea aún de cual será el dispositivo a ser utilizado y teniendo en cuenta que será la primera vez en ser implementado, se necesitaría ayuda de expertos internacionales. “Imaginate el tamaño de esto. Hay que elegir (el dispositivo), hay que licitar. Es gigantesco lo que se tiene que hacer para que funcione de verdad”.
Una prueba piloto en los próximos meses. A eso apunta la viceministra de Política Criminal, Cecilia Pérez. Resalta la importancia de este método como una clave para mermar la saturación en los centros penitenciarios.
En la actualidad existen 13.700 personas privadas de su libertad, de las cuales más de 10.400 (76%) no están condenadas, solo tienen prisión preventiva. Esto permitiría mejorar notablemente la gestión de las penitenciarías, todas ellas superadas en su capacidad.
Sostuvo, sin embargo que hasta el momento no fueron convocados por la Corte para integrar el comité que se encargará de reglamentar y controlar la aplicación del sistema de control. Y faltan menos de ocho meses para que entre en vigencia.
“Si hay un trabajo mancomunado, se podrían hacer pruebas piloto. La ley prevé que Hacienda considere un presupuesto”, sostiene la Viceministra de Política Criminal. Pero no existe presupuesto para el proyecto.
El Secretario General de la Corte sostuvo que esta ley incluso fue promulgada mucho después de que se haya definido su presupuesto, por lo para que el sueño sea posible, se debería pedir una reprogramación, siempre dependiendo del dispositivo seleccionado.
Teniendo en cuenta que se trata de un año electoral, con nuevas autoridades en camino, considera que este año no se podrá aplicar.
Central es uno de los departamentos donde más ilícitos se registran, sobre todo en el ámbito de la violencia doméstica. Respecto a la puesta en marcha de esta ley, el Crio. Gral. Jorge Caballero, director de Policía de Central, respondió: “Son puros pensamientos hasta el momento. No sé nada de eso”.