Generalmente, los homicidios en la vía pública ocurren con armas blancas o de fuego. No se escuchan de muertes por envenenamiento, ahogamiento o golpes de puño. Entonces, no hace falta ser un Sherlock Holmes para deducir que, retiradas las armas de la calle, los asesinatos para robar disminuirán notablemente, con tendencia a desaparecer.
Y, ¿qué se requiere para proceder a esa limpieza? Nada imposible: la promulgación urgente de una ley, meticulosamente redactada, que tipifique como delito la simple portación de armas y castigue a los infractores con severas penas pecuniarias. Los militares y policías, fuera de servicio y sin uniforme, también deberán ser incluidos en la prohibición.
Y, ¿qué necesitaríamos para poner en práctica esa ley? Que la Policía efectúe sistemáticos cateos callejeros con detectores manuales, que costarán mucho menos que mantener instituciones inútiles como la Opaci y el Parlasur.
Y, ¿qué más? Que la prensa, en todas sus modalidades, colabore profusamente en la difusión de la novedad penal, hasta que la máxima “portar armas es delito” sea conocida por todos los habitantes, inclusive de la escuela primaria.
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Y, ¿cómo vamos a cobrar multas a mozalbetes que salen a robar precisamente porque no tienen dinero? Pues que las paguen sus tíos, primos, abuelos y demás deudos, si quieren verlos en libertad. Estos, cuando sientan el rigor de la pena en sus bolsillos, serán los primeros en corregir a la bestia que tienen como pariente. O que trabajen para empresas del Estado, fabricando ladrillos o construyendo caminos, hasta que terminen de pagar su deuda.
Y, ¿no sería esa una ley retrógrada atentatoria contra los derechos humanos? No, porque los derechos humanos no son aplicables a los humanoides.
Y, mal que le pese a algunos, el primer derecho del hombre es defender su vida, y la primera obligación de la sociedad es defender la vida de sus miembros. Ella no puede andarse con remilgos y tratar con guantes de seda a sus enemigos.
Jajopyvéke la mondahakuérandive.
Víctor Manuel Ruiz Díaz