Desde hace tiempo nuestra sociedad debate con preocupación sobre la reforma educativa, tanto la ciudadanía como los distintos estamentos oficiales han expresado su preocupación por los resultados de nuestro sistema educativo que nos coloca en las últimas posiciones en comparación a los demás países de América Latina.
En contraposición, institucionalmente se discute sobre la necesidad de una Reforma del Sistema Electoral y consecuentemente del Rol de los Partidos Políticos en el juego de la Democracia.
El sistema educativo actual debería formar ciudadanos capaces de razonar, explicar su razonamiento y de expresar sus opiniones fundadamente. La Justicia Electoral por su parte tendría que observar los procedimientos adecuados para que los más capaces puedan dirigir el destino del País, según la propuesta de los partidos políticos que elegirán entre sus afiliados a personas idóneas para desempeñar tal responsabilidad.
Este breve preámbulo da lugar a la siguiente experiencia; En mi condición de abogada laboralista ha llegado a mis manos un proyecto de ley presentado a la Honorable Cámara de Diputados en fecha 11 de diciembre del año 2018, conforme al registro de mesa de entrada correspondiente. La sola lectura de dicho documento nos lleva a la irrefutable conclusión de que hemos fracasado rotundamente como país en los tres aspectos del sistema educativo ideal que se ha citado más arriba.
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Basta señalar que el proyecto de referencia no incluye estadística alguna, ni cita ningún dato económico, proyección o cualquier tipo de información técnica que pueda exponerse para sostener siquiera la necesidad de su sola presentación.
Este tipo de “proyectos” no solo demuestra la escasa preparación académica de nuestros legisladores, sino también su absoluta falta de compromiso con el cargo representativo, considerándose este tipo de redacciones incluso como una burla, una presentación cómica sobre un tema de alta importancia.
Siendo el objeto del presente proyecto la creación de un seguro de desempleo, cuestión muy seria, cuya implementación en el Paraguay podría generar beneficios incuestionables a los trabajadores y empleadores, la proyectista se limita a exponer que; “sería genial que el proyecto se aprobara”. Basta con una breve lectura (el presente proyecto de ley consta de 6 artículos) para comprobar que este documento no dispone en forma clara sobre su alcance, ni siquiera precisa una definición sobre el seguro de desempleo, cuál es su objeto, quienes serían los beneficiarios, las obligaciones, fuentes de financiación, disposiciones técnicas del área laboral, del mercado propiamente dicho y de la seguridad social, etc.
Al solo efecto de demostrar que no se trata de una crítica infundada al presente “trabajo legislativo”, basta con citar textualmente el artículo segundo del proyecto que dice; “La ampliación consistente en la cobertura de la modalidad consistente en el auxilio económico en caso de un trabajador pierde su empleo y mientras busca trabajo. ¿Quién le solventa el casto cotidiano? necesita sostenerse mientras dure su percance” (sic).
El ejemplo vale para medir el tamaño de nuestro desastre de cara al futuro. ¿Qué país podemos formar con legisladores de este nivel, con un sistema educativo que arroja al mercado este tipo de producto? con una justicia electoral que permite el acceso a cargos de representación a personas absolutamente incapacitadas, no solo para legislar sino para razonar y expresarse. Finalmente, ¿qué clase de partidos políticos nos ofrecen en sus listas a personas inhabilitadas por su ignorancia para representar los intereses ciudadanos y de la nación?
Dicen que cuando se toca el fondo lo único que queda por hacer es levantarse. Esperemos que en este nuevo año podamos ver acciones de los gobernantes de turno dirigidas a mejorar drásticamente en estos temas.
Ma. del Pilar Callizo