País por país, unos más, otros menos, tenemos sistemas de justicia deficientes. En las democracias de este continente la justicia suele ser, por decir lo mínimo, ineficiente, no ejerce la función que los pueblos desean. La causa principal parece ser la dependencia de la justicia del poder político. Desde los albores de nuestras repúblicas se predica la independencia del Poder Judicial sin que hasta ahora hayamos alcanzado el ideal. Y parece que estamos lejos, con países soberanos celosos de sus soberanías, como corresponde. En el plano económico hemos alcanzado acuerdos que funcionan, aunque sea a los trompicones. ¿Y entonces? ¿Habrá alguna solución? Seguro: es cuestión de buscarla. Propongo que se cree un Tribunal Regional para cuestiones administrativas (públicas) y políticas; un tribunal supranacional que reemplace o secunde las operaciones de los sistemas jurídicos nacionales.
Que se me excuse si uso términos incorrectos. Que se cree un mecanismo inmune a influencias de partidos y grupos; que se imponga la justicia o, por lo menos, la ley. Que no escapen los ladrones públicos, sobre todo; que no escapen los traficantes de influencias, los coimeros, y otros delincuentes escandalosos, como presidentes y altos funcionarios que no respetaron ni hicieron respetar la Constitución ni las leyes. No sé cómo diseñar la estructura que medio nebulosamente propongo, pero confío en que entre institutos de facultades de Derecho, juristas calificados y algunas cancillerías (o la nuestra sola para empezar), se podría concebir una tabla de salvación para la tan descreditada democracia.
Carlos J. Ardissone Valdés