A los policías que dejaron parapléjico a un joven de 25 años calificarlos de “gatillos fáciles” les queda corto. Estamos ante verdaderos asesinos uniformados. El joven quedó vivo de milagro porque le dispararon con la intención de matarlo. Lo dejaron inmovilizado de por vida y no contentos con ello, trataron de plantarle evidencias para justificar tan bestial reacción contra un ciudadano.
La condena que se les aplique tanto al comisario Jorge Ignacio Paredes Barreto y al suboficial Jhonie Osvaldo Orihuela Chávez debe ser la equivalente a un homicidio consumado por razones jurídicas y sociales que la justifican.
En primer lugar porque los policías obraron concretaron todos los pasos conducentes a dar muerte al joven y si él sigue vivo es de milagro y en segundo lugar porque uno de los objetivos de la pena privativa de libertad es la protección de la sociedad. Tratándose de policías es aún más grave lo que hicieron.
Por tanto, la condena que reciban debe ser ejemplar. Sin mencionar el derecho que tienen el joven y su familia a reclamar una millonaria indemnización al Estado Paraguayo al cual servían estos asesinos al momento de concretar tan deleznable hecho.
Christian Cañete