Entiendo que existen dos poderes responsables del manejo de las resoluciones oficiales con respecto al aumento de los impuestos, el Ejecutivo y el Legislativo. El primero lo formula; lo presenta para su estudio, aprobación o rechazo del segundo. Y si se lo aprueba, pasa al Ejecutivo para su promulgación, siendo la aplicación y puesta en vigor responsabilidad del Ministerio de Hacienda. Todas las citas que menciono a continuación provienen del diario ABC. Primer acto. El 27 de abril, el ministro Santiago Peña dice que “No habrá aumentos en el 2017”. El 29 de abril la Feprinco “Exige al gobierno cesar las amenazas sobre impuestos”. El 14 de mayo el ministro declara que “Hacienda destinó 9.000 millones a aguinaldo extra de funcionarios”. Contrasentido. Hay recursos para los funcionarios públicos, para otros no. El 27 de mayo el mismo Peña dice que “Hay poco margen para invertir más”. Segundo acto. El 19 de junio el presidente de la Asoban Sr. Gustavo Cartes expresa “Atacar la informalidad antes que alzar impuestos”. El 21 de junio el ministro dijo que el “Gobierno descarta un aumento de impuestos en lo que resta del periodo” (esto significa a mi entender, hasta la terminación del periodo gubernamental del presidente Horacio Cartes). Reculada. Comienza la incoherencia. Faltó que el exministro de Hacienda de Chile y actual asesor del Ministerio de Hacienda Sr. Felipe Larrain “Recomiende no aumentar impuestos sino aminorar la evasión”, 23 de junio. Tercer acto. El 30 de julio, el ministro Peña sale con que el “Gobierno reajustará valores rurales fiscales para las zonas rurales”.
Hubo cambio de postura después de publicarse muchos comentarios y sugerencias en contra del aumento. Es obvio que el último que muestra la cara es el ministro de Hacienda. Alguien lo deja mal parado.
Mucho se ha dicho sobre el bárbaro aumento de impuestos que tiene que seguir pagando el pueblo que ya no da más. La gente huye despavorida dejando sus bienes que cimentó con décadas de sacrificio. Es impresionante ver los carteles de “Vendo” en estos últimos tiempos. Si el gobierno no cumple con su promesa de no aumentar el impuesto inmobiliario en el periodo que le resta, sería otra mentira más. Un nuevo aumento de impuesto podría desencadenar olas de protestas como expresión de la incontenible ira del pueblo. Y aquí quiero pedir a nuestros representantes en el Congreso, especialmente a mis correligionarios opositores liberales, que cumplan su deber de defender al pueblo de la voracidad gubernamental, cuando se ve a diario el inmisericorde despilfarro del erario. Un solo ejemplo entre muchos son los 12 nombramientos sin concurso a cargos en Itaipú con sueldos que llegan a más de 44 millones de guaraníes. Algunos de los beneficiarios son Ramón Aquino Mora, hijo del “moderador de la Católica”; Alejandro Evreinoff Rivas, amigo del colorado Calé Galaverna, y Liz P. Torres Agüero, nuera de la ministra liberal Gladys Bareiro de Módica (Ver ABC del 8 VIII, pág. 4). Y como corolario, el Sr. Beltrán Macchi, presidente de la Cámara de Comercio, expresa el 2 de agosto que “Empresarios esperan un presupuesto 2017 razonable y sin aumento salarial”. Simpático este señor. Quiere que el empresariado no corra riesgo económico alguno, sin importarle la suerte de la gente menos favorecida que lucha por su supervivencia. De esta manera, no se lucha contra la pobreza. Como sugerencia final para todos los legisladores: Que elaboren una ley para que los que hayan cumplido con sus obligaciones tributarias por más de 25 años en concepto de impuesto inmobiliario, tengan una reducción del 50%.
Alberto Granada
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