En el preámbulo de nuestra Constitución, nosotros, el pueblo paraguayo, sancionamos y promulgamos nuestra Constitución «...con el fin de asegurar la libertad, la igualdad y la justicia...».

Esa igualdad –principio básico de nuestra Constitución— sería imposible de garantizar en el caso de que alguien que esté imputado tenga a su cargo el enjuiciamiento y destitución de un juez o un fiscal. ¿Por qué? Porque todos los demás imputados de la República que estén esperando juicio y sentencia no tendrían en sus manos la posibilidad de amenazar y amedrentar a los jueces y fiscales actuantes en sus causas. Aunque el susodicho imputado miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) no incurra en amenaza verbal al juez o fiscal correspondiente, el solo hecho de ocupar un lugar en el JEM podría infundir temor en los magistrados y poner a riesgo su imparcialidad.

Por consiguiente, cumplir con la resolución mediante la cual el senador Zacarías Irún sustituiría al senador Bacchetta en el JEM sería un acto violatorio del principio de igualdad ante la ley consagrado en la Constitución. Esa resolución se debe cumplir, pero dentro de los límites que establece la Constitución. Nunca por encima de ella.

Olivia González