En 2006, al asumir el cargo de concejala de Ciudad del Este, Sandra McLeod de Zacarías declaró un patrimonio de G. 3.189 millones, incluido G. 338.500.000 en “deudas a cobrar” a Nilsa Romero y Ramón Duarte Villalba. Un año después, la edil asumía el cargo de intendenta esteña en reemplazo de su marido, Javier Zacarías Irún, quien pasó a ser su asesor ad honorem y hoy es senador, siempre por el Partido Colorado. Junta, la pareja gobernó la Comuna esteña durante 18 años, hasta que McLeod fue separada del cargo por irregularidades, en 2018.
Si bien el monto de las “deudas a cobrar” en 2006 no es importante, se trata de un vínculo entre McLeod y la pareja conformada por Nilsa Romero y Ramón Duarte. Seis años después, en 2012, la Fiscalía inició una investigación contra Romero y Duarte como cabecillas de un esquema de lavado de dinero. El proceso, el primero por este delito que se llevó a cabo en Ciudad del Este, duró hasta 2018, cuando Felipe Ramón Duarte fue condenado a 8 años de prisión y su esposa, Nilsa Romero, a 5 años, aunque ya tenía la pena compurgada.
Las condenas se dieron luego que pudiera probarse que mediante la casa de cambios Forex y varias empresas satélite, el esquema liderado por Duarte y Romero lavaron más de 600 millones de dólares provenientes del contrabando, el narcotráfico y la falsificación, según la Fiscalía. El dinero era enviado al exterior mediante el sistema bancario como supuesto pago de mercaderías. Para ello se falsificaban facturas.
En las siguientes declaraciones juradas de McLeod ya no aparecen las deudas de Duarte y Romero con ella.
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El senador Javier Zacarías también declaró haber realizado préstamos. Por ejemplo, en 2002, su primera declaración jurada como intendente de Ciudad del Este, dijo que tenía un patrimonio neto de G. 1.093 millones, incluidos G. 550 millones en “cuentas a cobrar”.
En la nómina de los deudores de Zacarías se encuentran varios empresarios esteños y también está Héctor Durañona, quien, según el documento, le debía G. 30 millones a corto plazo y otros G. 110 millones a largo plazo.
La casa de cambios supuestamente “mau” de Héctor Durañona fue intervenida en diciembre de 2008 por la Seprelad, la Senad y la Subsecretaría de Tributación.
En 2007, cuando Javier Zacarías renunció al cargo de intendente para candidatarse a la Vicepresidencia de la República y pasó a ser asesor ad honorem de su esposa en la Municipalidad esteña, su patrimonio era de G. 2.457 millones. O sea, lo había duplicado. En 2018, cuando juró como senador, su patrimonio había llegado a G. 23.000 millones, incluidos departamentos en la playa, un avión, dos empresas y una vida lujos y ostentaciones.
¿Un ilícito enriquecimiento?
En 2019, un Tribunal de Apelaciones de Ciudad del Este, integrado por Isidro González (destituido por el JEM en junio), Miryam Meza y Stela Maris Zárate, rechazó un recurso de la Fiscalía contra la disposición del juez Marino Méndez (amigo de los Zacarías), quien no había hecho lugar a un pedido de reapertura de un proceso contra Javier Zacarías por enriquecimiento ilícito. Hay dudas sobre el origen de su fortuna.
