“Todos estamos pendientes de la venta de estos meses para ver si nos ayuda mínimamente a equilibrar, puede llegar a ser nuestra sentencia de muerte si no nos permiten trabajar”, afirmó ayer Eugenio Caje, de la Asociación de Importadores y Comerciantes del Paraguay (Asimcopar), ante la posibilidad de restricciones de actividades económicas en esta época del año. El Gobierno dispuso un horario restringido de libre circulación y suspendería los viajes al interior durante las fiestas de fin de año, ante el temor de que se disparen los contagios del coronavirus.
Agregó que el presidente Mario Abdo Benítez debería analizar medidas que combinen aspectos económicos y sanitarios, “que la gente pueda tener ingresos para alimentarse y resguardando la salud de la gente”, indicó Caje a ABC.
Sonia Cáceres, presidenta de la Asociación de Empresas Proveedoras para Eventos (Aseppe), apuntó que de implementarse un retroceso nuevo solo perjudicará a las (empresas) formales, ya que actividades clandestinas se siguen desarrollando prácticamente con nulo control e impunidad. “La Policía, Fiscalía ni el Ministerio del Interior hacen nada, por eso estamos en este escenario”, afirmó la titular del rubro.
Destacó que diciembre es un mes clave para los eventos de organización profesional y recalcó que el rubro influye en el dinamismo de otros rubros, como discoteca, decorado, prendas de vestir y obsequios, por lo que lamentó que el Gobierno no reconozca la importancia para la economía de miles de familias del país.
Para Oliver Gayet, presidente de la Asociación de Restaurantes del Paraguay (Arpy), los empresarios están en jaque y de aplicarse más restricciones significaría el cierre de muchas empresas, al menos si son disposiciones estrictas. “Vamos a pelear para que esto no ocurra, sería catastrófico para el sector. Ir para atrás significa puertas cerradas, suspender más gente, esperar que se aprueben subvenciones y esperemos que haya recursos”, reflexionó. Añadió que muchas compañías, si no logran facturar a fin de año lo necesario para cubrir sus costos, ya no tendrían para pagar el aguinaldo y otros compromisos.
Por otro lado, Arami O’hara, referente del sector gastronómico, comentó que presentarán al Congreso una propuesta de ley con medidas que les permitan “seguir vivas” a las empresas, como el pago diferenciado del aporte obrero-patronal al IPS, extensión del periodo de emergencia a marzo y cambio transitorio del 1,5% de aporte del IPS que se destina contra el paludismo (Senepa) al pago de subsidios, y más adelante, convertirlo en fondo de desempleo.
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