El presidente de la Corte, Alberto Martínez Simón, puso a disposición de los ministros presentes el informe final de la intervención al departamento de Suministro y Control de Bienes presentado por el interventor Joel Brizuela, que recomienda sea remitido a la Superintendencia de Justicia, para ser anexado al sumario abierto a los funcionarios involucrados.
Martínez Simón reveló que una de las irregularidades detectadas es la compra de insumos por G. 141 millones, para fotocopiadoras que no existen.
“Yo creo que estos datos que consigna el informe son suficientemente claros y hay que remitir a la Fiscalía. Acá se está hablando claramente del uso por varios años de materiales, puntualmente tóner, por G. 141 millones, en máquinas que no existen”, dijo, tras comentar que los funcionarios están separados de sus cargos.
“Aparte hay otro cuadro bastante llamativo de los costos operativos de ese departamento durante dos o tres años y el costo operativo durante el último año de la intervención y los costos se precipitan, pero salvando la presunción de inocencia, la ley es muy clara: hay que remitir a la Fiscalía (...), afirmó, al tiempo de cuestionar el informe por “tibio”.
“Es escandaloso, es gravoso realmente, está detallado, más allá de los montos que son exorbitantes, está la disponibilidad de bienes del Estado paraguayo. Se pidieron determinado bienes para determinadas máquinas y no había tales máquinas”, afirmó el ministro César Garay, al pedir, además, la suspensión de los implicados.
Antecedentes irán a la Fiscalía
Por mayoría, los ministros de la Corte Suprema de Justicia resolvieron remitir los antecedentes del caso al Ministerio Público. Paralelamente, el informe de la intervención será agregado al sumario, previa incorporación de las versiones de los afectados. Solicitamos a la Dirección de Comunicación de la CSJ el referido informe, pero no tuvimos respuesta.
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