Piden retiro del proyecto de consejeros públicos

El presidente Mario Abdo Benítez solicitó que el proyecto de ley “De Gobierno Corporativo para las empresas públicas del Paraguay”, que establece consejos de asesores en nueve instituciones públicas, sea retirado, según el ministro Benigno López.

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El ministro de Hacienda, Benigno López, dijo que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, “dispuso el retiro del proyecto de ley” que establece la creación de consejos de asesores en nueve entidades públicas porque “no vale la pena dispersar” la atención del Gobierno y porque hay “proyectos mucho más importantes que ese”.

No obstante, López adelantó que se estudiará y buscará si “hay una alternativa diferente” para garantizar la eficiencia y transparencia de las entidades estatales sin necesidad del aprobar el proyecto, presentado el 22 de abril pasado en la Cámara de Senadores y con rúbrica del mismo Abdo Benítez.

El proyecto de ley “De Gobierno Corporativo para las empresas públicas del Paraguay” tenía como objeto la contratación de 63 consejeros para Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Industria Nacional del Cemento (INC), Petróleos Paraguayos (Petropar), Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) y Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac).

Además de cuatro sociedades anónimas, que son Compañía Paraguaya de Comunicaciones SA (Copaco SA), Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay SA (Essap), Cañas Paraguayas SA (Capasa) y Ferrocarriles del Paraguay SA (Fepasa).

“Hoy tenemos entidades que quedaron a un paso de ser Sociedad Anónima, o entidades públicas, no sabemos qué son”, aseguró el ministro que tendrá la tarea de verificar el funcionamiento de las empresas afectadas. “Salvo la ANDE, yo creo que las demás tienen muchos problemas de eficiencia”, aseveró.

Asimismo, López manifestó que el Congreso Nacional “hará lo que crea conveniente” con el proyecto de ley de impuesto selectivo al consumo (ISC), que engloba modificaciones tributarias para el sector tabaco y el aumento de las tasas para las empresas de bebidas alcohólicas y azucaradas.

El proyecto tiene el “pleno consenso” de las empresas involucradas y “no tendrá un mayor impacto”, una vez que esté funcionando correctamente en 24 meses de su aplicación, de acuerdo al ministro de Hacienda, quien se mostró satisfecho con el trabajo realizado.

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