El pedido presentado por Austria, apoyada por Eslovenia, Suiza y Australia, recomienda “revocar la legislación que criminaliza a mujeres y niñas, así como a los que proporcionan estos servicios, y tomar medidas para permitir abortos legales y seguros”. Precisa que esas medidas deben aplicarse “por lo menos en casos de violación o incesto, en casos en que la vida y la salud de la madre esté en riesgo o cuando el feto ha sido diagnosticado con alguna deficiencia de salud grave”.

Pero Paraguay rechazó las recomendaciones porque “no están en acuerdo con la Constitución Nacional y los compromisos hechos cuando ratificó la Convención Interamericana de Derechos Humanos y la legislación nacional”, reseño el documento. “El aborto está sólo permitido actualmente cuando la vida de la madre está en riesgo, pero en el caso Mainumby de 2015 fue una maternidad forzada. Pese a que había riesgo, la justicia obligó a la menor de 11 años a tener una niña”, declaró Rosalía Vega, de Amnistía Internacional.

Añadió que “las cifras oficiales indican que en 2014 hubo 684 casos de nacimientos, como consecuencia de abusos sexuales, cuyas madres tenían entre 10 y 14 años, o sea dos por día. Pedimos que el Estado abra los registros de 2015 para cernir y prevenir el problema”. “Una comisión de los tres poderes del Estado está revisando la legislación, sin participación de la sociedad civil y sin conocimiento de lo que se está tratando y eso nos preocupa mucho”, manifestó a su vez Aníbal Cabrera Echeverría, de la Coordinadora de Derechos de la Infancia y la adolescencia del Paraguay.

“Castigar el aborto no resuelve el problema. Se hacen igual y hay riesgo de muerte. No se permite educar a fin de evitar el embarazo no deseado pero se penaliza el aborto. Hay muchas niñas que se embarazan por falta de educación sexual”, agregó Ireneo Tellez, de la Mesa de Trabajo por los Derechos de los Pueblos Indígenas. “En Paraguay se practica el aborto de manera clandestina y la penalización no soluciona el problema, por lo que es importante que el Estado revise su sistema punitivo a fin de ajustarlo a la realidad del país”, concluyó Francisco Benítez Añasco, coordinador de Derechos Humanos del Paraguay.