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Alegre, junto a la senadora Desirée Masi y el exministro Rafael Filizzola, impulsan la acción, ante indicios de que existiría una intención de incluirlos en la causa que investiga los sucesos del 31 de marzo de 2017, específicamente la quema de la sede del Congreso.
En el escrito al que accedió ABC Color, se menciona el pedido del juez Alcides Corbeta a operadoras de telefonía móvil sobre el extracto de llamadas entrantes y salientes, entre el 31 de marzo y el 1 de abril de 2017 y que a criterio de los mencionados existen serias irregularidades relacionadas al pedido de dichos datos.
Los recurrentes consideran sumamente grave la forma en que estos datos fueron suministrados, supuestamente por pedido de la fiscal Brígida Aguilar, quien negó categóricamente tener vinculación con la causa del 31M y dejó entrever que su firma fue falsificada en dos oficios que fueron remitidos a la compañía Telecel S. A. a modo de obtener el cruce de llamadas.
Atendiendo esta posibilidad, los políticos opositores argumentan que existe un interés en responsabilizarlos por los incidentes en los alrededores del Congreso y la posterior quema del edificio legislativo. El texto cuestiona de igual manera el sugestivo pedido de extractos de llamadas sin una justificación legal.
“Con esta información surge la imperiosa necesidad de aclarar los hechos, y por sobretodo conocer donde está la información privada requerida a la compañía Telecel y determinar si efectivamente la fiscal fue víctima de falsificación, y en su caso determinar a los autores de los hechos”.
Ante esta situación, los afectados solicitan la aclaración de los hechos y sobre todo, conocer dónde fue a parar la información privada que fue requerida a Telecel S. A. y determinar si la representante del Ministerio Público fue víctima de falsificación. De la misma forma individualizar a los autores de la misma.
En el mismo documento, Alegre, Masi y Filizzola, proponen que el Ministerio Público remita oficios a la empresa telefónica Telecel con el objetivo de que se individualice y se remitan las copias autenticadas de los oficios que fueron remitidos a la firma por la fiscal Brígida Aguilar en los últimos cinco años, para cotejar las grafías.
También se busca individualizar a las personas que entregaron dichos oficios y retiraron las respuestas a estos, así como la entrega del circuito cerrado de la compañía donde obra la imagen de esa persona.