A raíz de la publicación de nuestro diario, que se hizo eco de la denuncia del diputado Dionicio Amarilla sobre el “chanchullo” del Gobierno al utilizar dinero del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) para la compra de un software que de hecho ya había sido denegada por el Congreso, el Ministerio de Hacienda emitió un comunicado en el que sostiene que los recursos del Fonacide destinados al financiamiento del Sistema Nacional de Identificaciones corresponden “a los fondos consignados al Tesoro Nacional, el cual es parte del 28 % previsto para programas y proyectos de infraestructura, conforme lo establece la Ley 4758/2012.
En el comunicado, Hacienda insiste en que estos recursos pueden ser destinados a gastos de capital específicos, como construcciones o adquisición de equipos, “o a proyectos de inversión, como es este caso”, dicen desde la cartera estatal.
En este sentido, señala que el Poder Ejecutivo dictó ya el 22 de marzo de 2017 un decreto por el cual se amplían los créditos dentro del presupuesto del Ministerio del Interior por la suma de G. 147.000 millones. Este es, según el comunicado el dinero destinado a pagar el mejoramiento de Identificaciones, que califican como “un proyecto de inversión pública”.
Argumentan que el fin del proyecto es dotar de alta seguridad al sistema de identificaciones y mejorar la calidad de recursos para la prestación de servicios vinculados a la identidad de las personas.
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Aseguran también que el proyecto fue analizado por el Sistema Nacional de Inversión Pública y la Secretaría Técnica de Planificación, y que el mismo tiene “retorno social”, lo que lo habilita, según el comunicado “a buscar financiamiento para su incorporación al Presupuesto General de la Nación”.
Aclaran que los recursos del Fonacide que se utilizarán pertenecen al 28 % que corresponde al Tesoro
Nacional destinado a proyectos de Infraestructura, y que “nada tienen que ver con el Fondo de Excelencia de la Educación y la Investigación.
Con respecto al proceso de adquisición de este servicio, el comunicado refiere que fue a través de una Licitación Pública Internacional, “cuya responsabilidad es de la entidad contratante, en este caso el Ministerio del Interior”, finaliza la comunicación.