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Los denunciantes solicitaron públicamente que inspectores de la Municipalidad de Ayolas realicen controles rigurosos en las zonas ribereñas donde operan de forma clandestinas numerosos comerciantes de pescado, varios de ellos provenientes de otros departamentos.
Los trabajadores del rubro pesquero señalan que la desleal competencia les afecta directamente porque los supuestos compradores irregulares no pagan impuestos a la Municipalidad o al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, mientras ellos deben pagar millonarias sumas de forma mensual.
A esos pagos se suma el desembolso por la utilización del servicio de energía eléctrica proveído por la Administración Nacional de Electricidad, el abono de salarios a empleados, el mantenimiento de sus pescaderías y de los vehículos que utilizan para transportar sus productos.
Estiman una pérdida mensual superior a los G. 20 millones.
Además, afirman que los comerciantes informales dejan las zonas ribereñas sucias con tripas de pescados y, como consecuencia, esos lugares se llenan de moscas y un olor molesto que llega hasta las viviendas en las cercanías.
La preocupación de los denunciantes crece porque se acerca la Semana Santa y con esta situación no pueden trabajar normalmente.