Este jueves la representante del Ministerio Público presentó acusación contra Johana Inés Repol San Martin, Joel Giménez Torres, Víctor Báez Alonso y a María Isabel Quintana Ríos, todos funcionarios del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), por la supuesta comisión de hecho punible de cobro indebido de honorarios.
Báez Alonso y Quintana Ríos, además fueron procesadas por el ilícito de expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso. A todo esto, Portillo solicitó al juez penal de Garantías que la causa se eleve a juicio oral y público con el fin de que se produzca los elementos probatorios en la etapa intermedia del proceso.
En la acusación se menciona que en 2011, Johana Repol fue nombrada funcionaria del TSJE, como Técnico II del Departamento de Guirá, con lo que debía cumplir el horario de 07:00 a 13:00, de lunes a viernes, con la obligación de firmar planilla de entrada y salida diariamente. Pese a esto, tomó clases de la carrera de nutrición en una universidad privada de 08:00 a 11:00.
Se constató que las planillas firmadas estaban avaladas falsamente por su superior inmediato, Víctor Báez, en ese entonces jefe de gabinete el ministro Ramírez Zambonini y pareja de Repol. Portillo afirmó en otro párrafo “la acusada habría salido del país el 2 de febrero de 2015, fecha en la que aparece como presente en la planilla.
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Johana Repol percibía en concepto de salario entre el 2014 y 2015 la suma mensual de G. 3.116.100, más remuneraciones extraordinarias, bonificación y subsidio por salud que ascendían a unos G.2.178.127.
En cuanto a Joel Giménez Torres, ingresó como contratado a la institución en mayo del 2013 y cumplió funciones hasta diciembre del mismo año. Había sido designado para cumplir funciones en el gabinete del Despacho del Ministro Ramírez, a cargo de Báez, teniendo que cumplir un horario de 07.00 a 13:00 horas, de lunes a viernes.
De acuerdo al documento de la fiscal, este registraba su asistencia en las planillas, sin embargo, no hay constancias de ello. Pero, sí existen informes de Gestión de Servicios firmados por María Isabel Quintana, en ese entonces supervisora de Recursos Humanos, quien no figuraba como su superior inmediato, pese de ello certificó todo.
En 2014 fue contratado nuevamente y durante ese ciclo no se observaron irregularidades. Ese mismo año, pero de enero a noviembre, Quintana avaló las planillas, y en diciembre firmó un informe de gestión de servicios prestados. Pero en octubre, Giménez no prestó servicios, sin embargo cobró sus haberes, pese a que la planilla ni siquiera la firmó el funcionario.
Giménez fue, nuevamente, contratado desde marzo hasta septiembre de 2015 y asignado al Despacho de Ramírez. Según sus planillas, cada mes tenía asistencia regular, sin embargo, habría estado en diferentes lugares y no en las oficinas del TSJE, dichos documentos habrían sido avalados por Quintana.
De acuerdo a los que consta en la carpeta fiscal, Giménez percibía de forma mensual entre los años 2013 y 2014 la suma de G. 2.000.000 y luego, en 2015 aumentó a G. 3.300.000, mientas que en agosto y setiembre cobró G. 3.200.000.