La estudiante de Filososía UNA sostuvo que el tope ratificado este lunes no responde al planteamiento del estudiantado de “arancel cero”. Cuestionó además que el proyecto no partió desde el sector estudiantil, sino que fue elaborado desde el Poder Legislativo, específicamente por el diputado liberal Dionisio Amarilla.
Según Marecos, la educación universitaria suma un nuevo golpe, ya que en varias universidades se observa un progresivo desfinanciamiento, productos de los recortes presupuestarios, especialmente en fuente 3o. “Esta es una forma más de desfinanciar a las universidades”, expresó la joven en contacto con ABC Color.
La dirigente habló de un punto que a su criterio resulta más grave que los anteriores, y tiene que ver con la “normalización” en lo que respecta al cobro de aranceles, haciendo prevalecer el lucro por sobre el derecho de una educación gratuita.
“Con esto el gobierno nos da un claro mensaje de que no entiende la educación como un derecho y van a seguir lucrando con la educación y precarizándola aún más”. Marecos abrió la posibilidad de realizar movilizaciones tras la reciente disposición gubernamental, previa asamblea con otros sectores estudiantiles.
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Según el documento en las universidades, institutos superiores y en los institutos de formación profesional del tercer nivel, de carácter público, las legalizaciones, visados y expedición de certificados de estudios no deberán superar los G 35.000, de acuerdo a un cálculo hecho en base al jornal diario. En tanto que el costo para los cursillos probatorios no deberá superar los 10 jornales, por lo tanto el máximo sería de G. 700.000. De igual manera, la expedición de diplomas de todas las carreras de grado y posgrado, deberá costar menos de G. 70.155.