Unos 150 vecinos de la compañía Santa Cecilia de Independencia, distrito del departamento de Guairá, se manifestaron esta tarde contra MOPC, exigiendo la culminación de las obras de construcción de un puente de unos 75 metros de longitud sobre el arroyo Guazú. Mientras tanto los lugareños utilizan un antiguo y precario puente de madera para poder cruzar al otro extremo.
Asimismo, reclamaron que dicho tramo de aproximadamente 3 kilómetros, incluyendo el puente, es intransitable debido a que es un lodazal después de cada lluvia. También, recordaron que meses atrás ya hubo vehículos que cayeron del puente provisorio, alegando que es un total peligro para los pobladores.
Francisco Britez, de profesión camionero, indicó que a diario sufre las consecuencias por la deplorable condición en que se encuentra la ruta, explicando que se dedica a la producción de caña dulce y debido al mal estado del camino no pueden llevar la materia prima hasta los ingenios azucareros asentados en Villarrica o Tebicuary, provocando grandes perdidas.
Por otro lado, doña Claudelina Chamorro, repudió la ausencia de las autoridades e indicó que sus familiares enfermos no pueden ser socorridos o trasladados a los centros asistenciales debido a que se encuentran prácticamente aislados por el mal camino. “La única forma de cruzar es quitando los zapatos e ir caminando”, lamentó.
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Los manifestantes también denunciaron que hace poco más de un mes que las obras pararon y que los propios personales que trabajaban en la obra venden los materiales utilizados en la construcción.
Intentamos conversar con el Ing. Diego Coronel, uno de los encargados de la obra, al número de celular con terminación 667, pero el mismo no contesta nuestras llamadas.
La mencionada compañía está ubicada a poco más de 20 kilómetros del casco urbano de la ciudad. La obra se llevaba a cabo en el marco del programa de mejoramiento de caminos vecinales y construcción de puentes en los departamentos de Paraguarí, Guairá y Misiones que es financiada por un préstamo japones. La firma adjudicada fue Sotec SA, por un monto de más de G. 9.000 millones.