Las devoluciones fueron debido a que al parecer, los intervinientes obviaron cuestiones elementales del proceso que dan lugar a que la contraparte logre anular sus actuaciones.
Y como el trabajo del Ministerio Público habría sido deficiente, lo único que resta es la determinación de la Dirección Nacional de Aduanas, que por su parte ni siquiera dictaminó aún si hubo o no contrabando. Mientras, el juzgado inició la liberación de las mercaderías que habían sido incautadas.
La Fiscalía obvió cuestiones elementales del procedimiento que dieron posibilidad de que sea invalidado. El hecho sucedió el 20 de febrero pasado en el barrio San Miguel de Ciudad del Este, cuando de cuatro atracaderos ilegales fueron confiscadas más de 700 cajas de mercaderías, varias de las cuales estaban listas para que las hagan cruzar el río Paraná en forma clandestina, hacia territorio brasileño.
Un abogado que representa a tres de los dueños de las mercaderías, aprovechó la supuesta mala actuación de la Fiscalía y obtuvo una resolución favorable de la jueza de garantías Norma Gamarra, quien dispuso la devolución de una parte de los artículos, aunque un fiscal sostiene que se actuó bien porque el decomiso se produjo en el marco de un delito flagrante.
Según el escrito de incidente de nulidad planteado por el abogado Lorenzo Flor, “el allanamiento fue realizado por la fiscal de la unidad especializada de la lucha contra el narcotráfico mencionando las coordenadas de los locales a ser verificados, dejando de lado las claras exigencias de art. 189 inc. 2 y 4 del Código Procesal Penal, que dispone mandamiento y contenido de la orden; 2) la indicación exacta del lugar o lugares a ser registrados; 3 y 4, el motivo preciso de allanamiento con indicación exacta de los objetos o personas buscadas y las diligencias a practicarse, siendo este ultimo uno de los presupuestos de mayor relevancia, debido a que un mandamiento no puede dejar librado a la búsqueda en abstracto”.
Agrega que la orden “debe establecer con claridad lo buscado y en caso de autos, el ‘objeto’ del allanamiento se trataba de sustancias estupefacientes, sin embargo, fueron incautadas mercaderías varias, entre ellas lentes de sol, artículos de pesca, juguetes, tonner, accesorios para fotocopiadoras, teléfonos celulares, entre otros, y que nada de lo descripto figuraba en el pedido de allanamiento.
Según continúa diciendo el texto, la Fiscalía debía solicitar al juzgado una ampliación del allanamiento y su mandamiento para proceder tal como lo hizo.
Los agentes no contaron con la participación de funcionarios de la aduana ni de su Departamento Técnico Aduanero de Vigilancia Especializada (Detave), ya que estos organismos tienen a su cargo el control del ingreso y egreso de mercaderías.
Por su parte, el fiscal Juan Marcelo García de Zúñiga, uno de los responsables del operativo en los puertos ilegales, dijo que la nulidad de actuaciones no corresponde debido a que hubo flagrancia de contrabando según se dispone en el Código Aduanero.
No obstante, el representante de la sociedad expresó que todavía no fue notificado y que recién cuando tenga la resolución analizará con sus colegas las medidas a tomar.
Poco después de la intervención y decomiso de mercaderías, los puertos clandestinos volvieron a operar. El jefe de la Base Naval de Ciudad del Este, capitán Hugo Gauto, afirma que no cuenta con suficiente infraestructura ni personal para la vigilancia a lo largo del río Paraná en el décimo departamento.
En tanto el fiscal adjunto Alejo Vera, quien había prometido acabar con la corrupción en esta zona del país, comentó que no pueden hacer otros operativos porque dependen de las denuncias de otros organismos de prevención, como la Policía Nacional y la aduana.
Supuestamente, una rosca conformada por fiscales, militares, funcionarios de la Dirección General de Aduanas y policías permiten el funcionamiento de decenas de atracaderos clandestinos a cambio de coimas semanales.