Funcionarios de la junta de saneamiento de esta ciudad, desde la semana pasada iniciaron una manifestación, paralizando sus actividades, a raíz de serias irregularidades y manejo poco claro de los recursos en la institución, que rápidamente tuvo acompañamiento de algunos usuarios que formularon también la denuncia ante el Ministerio Público, por lo que hoy la Fiscalía allanó la institución.

Los funcionarios iniciaron la manifestación, cansados de las irregularidades, ya que desde hace un año la institución dejó de pagar a Instituto de Previsión Social (IPS) por el seguro de los empleados, pese a que cada mes se les descuenta, como así también, no se procedió a pagar aguinaldo a los trabajadores y la deuda con la ANDE supera los G. 350 millones por la energía eléctrica. Igualmente los funcionarios denuncian la falta de comodidades y elementos básicos para desarrollar sus trabajos.

La agente fiscal, Dominga Benítez, explicó que en la última semana tras la denuncia de lesión de confianza y estafa presentada por los usuarios la Fiscalía procedió a lacrar las dependencias administrativas y hoy en compañía de peritos informáticos y contables procedieron a deslacrar e incautar documentos. “En compañía de peritos informáticos y contables del Ministerio Público se procede a incautar algunas evidencias, documentos que deben será analizadas”, dijo la representante de la Fiscalía.

Los funcionarios siguen en manifestación, algunos incluso adoptan como medida de fuerza encadenarse frente a la institución y realizan huelga de hambre, exigiendo el cobro de aguinaldo y la renuncia de toda la comisión directiva.

A raíz de las denuncias y el conflicto, el titular de la aguatera, Miguel Alfonso, renunció a su cargo. La misma decisión tomó el vicepresidente, Herminio Salomón, pero en forma muy cuestionada los demás miembros de la comisión directiva, en lugar de convocar a asamblea, se reunieron en la gobernación de San Pedro y designaron a la secretaria de educación, Sara Chilavert, como presidenta, pese a que la misma es la actual síndico suplente de la comisión, pero la eligieron en su carácter de usuaria, según explicaron.

Robert Gray, síndico titular de la Junta de Saneamiento, explicó que se aceptó en una reunión la renuncia del presidente y vicepresidente, y que el encuentro realizaron en la secretaria de Educación de la gobernación, “designamos a Sara Chilavert, por su mejor perfil como usuaria, para que sea la presidenta” y reconoció que, no tuvieron en cuenta su calidad de sindico suplemente, que ahora la convierte en juez y parte a la funcionaria de la gobernación.

Esto enervó más los ánimos, ya que los funcionarios y algunos usuarios denuncian que la institución es manejada por el “clan Rodríguez”, compuestos por el gobernador, Vicente Rodríguez (ANR), su hijo, el actual intendente Gustavo Rodríguez (ANR), y que por cuestiones políticas designaron a la secretaria de educación como nueva presidenta, y esto se da en forma irregular, sostienen.

Tanto funcionarios y usuarios aguardan la reunión de los directivos, el anuncio de algunas salidas al conflicto y fijar fecha de asamblea.

La junta de saneamiento cuenta con más de 3.500 usuarios, de los cuales más de 1.500 están conectados al servicio del alcantarillado sanitario, y ahora con la manifestación de los trabajadores, reina el olor nauseabundo por la ciudad, pues los desagües presentan filtraciones ante la falta de mantenimiento y reparación.