La acción, presentada bajo patrocinio de la abogada Élida Acosta Dávalos, fue derivada al Juzgado de la Niñez y la Adolescencia a cargo del juez Guillermo Trovato. La presentación está basada en la Ley N° 5282/14 ‘‘De libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental’’, la Constitución Nacional (artículo 28, del derecho a la informarse), entre otros instrumentos legales.
Villaverde relata que el 2 de diciembre del año pasado solicitó información pública a la Municipalidad de Asunción sobre las paradas de taxis de la ciudad. Quiere saber: 1) la ubicación de todas las paradas de taxis habilitadas en la ciudad de Asunción; 2) los datos personales de los propietarios y/o responsables de esas paradas; 3) la situación documental de vehículos utilizados a esos efectos; 4) informes de inspección técnica vehicular de móviles utilizados a esos efectos; 5) estado de cumplimiento del seguro de pasajeros por taxi/parada de taxis; y 6) estado de cumplimiento de pago en concepto de canon para cada parada/propietario por taxi.
La petición se realizó en el Portal Unificado de Acceso a la Información Pública y, a través del mismo, a la Dirección de Transparencia y Anticorrupción tiene a su cargo la Oficina de Acceso a la Información Pública.
“La información que requerí al Municipio no se trata de información reservada de modo alguno, al no existir cuerpo legal que las considere como tal. Muy por el contrario se constituyen en información de interés público, pues el servicio de taxi es un medio de transporte público y su correcta provisión en concordancia a las normas vigentes garantiza la seguridad de sus usuarios”, argumenta Villaverde.
“En ese sentido, tener acceso al contenido de los informes de inspección técnica vehicular y el estado de cumplimiento del seguro de los móviles reforzaría la confianza ciudadana, tanto en este medio de transporte público como en la gestión municipal, ya que de acuerdo a lo estipulado en la Ley N° 3966/10 “Orgánica Municipal”, la Comuna tiene como una de sus funciones la prestación, regulación y fiscalización del transporte público de pasajeros”, agregó el amparista.