La jueza Patricia González, esposa del político colorado Roberto “Melcha” Melgarejo, hizo lugar al amparo constitucional solicitado por el senador Juan Carlos “Calé” Galaverna y ordenó la prohibición de la “divulgación, propagación, publicación, generación y/o alteración de contenido multimedia” sobre el video sexual protagonizado por el legislador.

Benjamín Fernández Bogado, reconocido abogado y comunicador, señaló a ABC Color que desde su punto de vista la jueza debería haber rechazado el amparo presentado pues el mismo “viola preceptos constitucionales entre los cuales figura la libre difusión de los contenidos”.

“Los medios como tales no cometen delito sino una vez publicados los hechos”, afirmó Fernández Bogado. “En este caso la figura cae en el ámbito de la censura previa”, agregó.

Fernández Bogado explicó que lo que se logra con este fallo es ir en contra de otros fallos anteriores en los que en casos similares se dio una decisión en favor de la libre difusión de los hechos. En eso casos se determinó que si existían responsabilidades serían cuestiones ulteriores. “Eso significa que si hay algún delito tendría que ser posterior, eso argumentado cuando se publique el caso”, puntualizó.

Manifestó además que la magistrada tuvo varios errores a lo largo del proceso, entre los que señaló por ejemplo el hecho de que la petición de amparo haya tenido que ser aclarada tres veces, lo que demuestra “un notable desconocimiento de lo que estaba tratando”. Algo que “me parece muy peligroso que una magistrada no tenga conciencia del propio sujeto que es sometido a su consideración”.

Recordó que en la primera aclaración se redujo el sentido de la difusión sobre la persona a casos específicamente relacionados a la cuestión sexual y posteriormente se redujo la cantidad de medios que estarían envueltos en el caso.

“También lleva la posibilidad de presumir una colusión entre la magistrada y el legislador, cosa que envía un mensaje demoledor a la ciudadanía en torno a cuál debería ser el comportamiento de la justicia para estos casos”, aseveró.

En conclusión, para Fernández Bogado “el amparo concedido viola preceptos claramente constitucionales”.

“Establece un criterio de duda en torno a la real capacidad de la magistrada de entender en este caso; y establece una peligrosa relación entre una magistrada y un legislador en contra de los intereses de la gente y, especialmente, en contra del concepto del derecho a la intimidad que siempre es de carácter restrictivo en el caso de personas públicas”, puntualizó.

Para Fernández Bogado, el amparo “genera una situación preocupante en torno al futuro de las libertades de prensa y de expresión; y también de dudas en torno a los límites del derecho a la intimidad por parte de personas públicas”.