“Se ha hecho el análisis correspondiente a través del gabinete técnico de la Fiscalía General, ya tenemos un dictamen que es de uso interno para nosotros; en este momento se está analizando lo que corresponde en relación a ese caso, le estamos convocando para una declaración indagatoria para este lunes 12 de diciembre junto con el tesorero de aquella administración”, señaló el representante del Ministerio Público de Capiibary.
Explicó que la sospecha por la que se le está investigando es lesión de confianza y violación de llevar libre comercio. "Se está analizando (una eventual imputación) esta semana que viene, de acuerdo a como salgan esas evaluaciones que estamos haciendo”, aseveró. El fiscal confirmó que se habla de un perjuicio patrimonial de aproximadamente G. 200 millones.
Según la denuncia presentada por los miembros de la comisión directiva actual, presidida por Lucio Garay (presidente), además de Nelson Cañete y Bruno Samudio, entre otros, tras una auditoría realizada en el año 2012 pudieron notar que habría faltantes de dinero que llegan a los G. 213.402.576, por lo que decidieron presentar la denuncia y exigir una investigación. Sin embargo, el caso durmió cuatro años en el cajón de la Fiscalía.
De acuerdo al escrito, Garcete Cuenca se autoasignaba el pago de G. 40 millones en concepto de salario, lo cual estaba prohibido. Además, realizó compras de motores y motobombas de los locales Moto Sport 25 SRL y Centro Comercial Ana Paloma -negocios de su propiedad- por la suma de G. 83.268.436, según los datos.