Ande: “Persecución” a ilegales, en manos de seccionaleros

La ANDE afirma que siempre lucha contra las conexiones clandestinas, y citó el caso del terreno de Copaco en Luque, donde en tres ocasiones cortaron suministro ilegal, esto en paralelo a denuncias de ubicación de seccionaleros en puestos claves.

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La supuesta campaña de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), de regularizar los cobros a los usuarios y perseguir a los usuarios clandestinos se ve empañada por casos como el de Cordillera, donde según denuncias, ubicaron a un seccionalero con antecedentes de “patotear” en contra del propio servicio de la ANDE.

Luis Torres, gerente de Distribución de la ANDE, afirmó desconocer el caso de Osmar Portillo, un funcionario que ahora fue reincorporado en un cargo clave como el área Comercial, aparentemente con el único mérito de ser un seccionalero. Este incluso fue investigado por supuestamente estar vinculado a un ataque a la red de la institución, por un reclamo sindical.

Torres se comprometió a interiorizarse en el caso, pero refirió que en general la institución está haciendo un “gran esfuerzo” por regularizar el manejo institucional. Aprovechó la entrevista con ABC Cardinal para mencionar el caso de la invasión del predio de Copaco en Luque, donde descartó que la institución o sus funcionarios haya facilitado el servicio eléctrico a los invasores.

“En el 2018, en el mes de junio ya hemos recibido varias denuncias de lo vecinos de sobrecarga del sistema eléctrico por conexiones clandestinas”, recordó Torres sobre el caso de Luque, ante lo cual realizaron al menos tres incursiones para retirar las conexiones clandestinas.

“La tercera vez que fuimos a cortar hemos presentado una denuncia contra personas innominadas en la Fiscalía de Luque”, recordó sobre el caso que investigaron, ya que inicialmente había sospechas de que los propios funcionarios de la ANDE habrían instalado el sistema eléctrico a los invasores.

“No fueron funcionarios los que realizaron esa conexión”, remarcó. Otro aspecto controversial de la postura de la ANDE es que Torres planteó la promoción de la “tarifa social” para desalentar estas conexiones clandestinas, algo que en cierta medida sería premiar a los que apelan a la ilegalidad.

“Los temas de los asentamientos siguen siendo un inconveniente, un problema, ya que prácticamente al salir nuestras cuadrillas ellos vuelven a instalar (de manera ilegal). Por eso tenemos propuesta ya una modificación de la Ley de tarifa social para tratar de disminuir el universo contra el que tenemos que combatir todos los días, para que tengan mayores posibilidades de acceso a la tarifa social”, dijo y agregó que también buscan definir “qué familias necesitan o precisan del servicio de energía eléctrica con algún tipo de subsidio como es la tarifa social”, no solo por el aspecto técnico como ahora.

“No está dirigida para premiar el robo, está dirigida para esas familias que realmente necesitan acceder a la tarifa social”, insistió y afirmó que la aplicarán en “asentamientos legalmente constituidos”, donde también hay casos de conexiones ilegales.

Además, “queremos complementar con algunas exigencias después de acceder a la tarifa social, similares a Tekoporã, que los niños vayan a los centros de salud, tengan su libreta de vacunación, que tengan hijos que vayan a las escuelas, que cumplan con los derechos de los niños y otras reglamentaciones”, apuntó.

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