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El tribunal de la localidad de Saltos del Guairá tomó la decisión teniendo en cuenta la petición de nulidad de la defensa de la joven, que alegó que esta nunca fue sometida a una pericia psicológica para determinar su madurez psicosocial, tal y como exige el Código de la Niñez y la Adolescencia de Paraguay.
El fiscal del caso, Leonardi Guerrero, había solicitado el rechazo de la solicitud de nulidad, argumentando que la falta de la pericia se podía subsanar realizando una nueva diligencia.
Sin embargo, el tribunal expuso en su fallo que la diligencia se debió realizar de forma inmediata al inicio del proceso, para dictaminar la capacidad de la procesada de llevar a cabo un hecho punible y de entender sus consecuencias.
En el fallo se recalca que esa pericia no puede ser subsanada, ya que han transcurrido más de cuatro años desde aquellos hechos, según un comunicado de la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (Codehupy) .
La abogada Sonia Von Lepel, de Codehupy, valoró que el tribunal haya anulado el proceso contra su defendida, conocida como Raquel, debido a esas irregularidades.
Ambas partes han sido convocadas para el 24 de noviembre para la lectura íntegra de la resolución.
La Fiscalía tiene un plazo de diez días para presentar apelación.
Raquel estaba acusada por invasión de inmueble ajeno, asociación criminal y como cómplice de homicidio en relación con la muerte de seis policías ocurrida en 2012, cuando más de 300 agentes acudieron a desalojar a unos 70 campesinos de las tierras que ocupaban para pedir que se integrasen a la reforma agraria.
En la masacre murieron también once campesinos, pero la Fiscalía no imputó a nadie por las muertes de los labriegos.
En julio pasado, tres mujeres que estaban acusadas por los mismos cargos que Raquel fueron condenadas a seis años de prisión, que cumplen bajo arresto domiciliario.
Además de ellas, cuatro varones fueron sentenciados a penas de entre 18 y 30 años de prisión por el mismo caso, mientras que otros cuatro fueron condenados a cuatro años de cárcel y quedaron en libertad tras haber purgado su pena desde 2012.
La matanza sirvió de base al entonces opositor y hoy gobernante Partido Colorado para impulsar un juicio político al presidente Fernando Lugo, que fue destituido una semana más tarde en un procedimiento calificado de “irregular” por organismos como la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y el Mercosur.