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El fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, conformó esta madrugada un equipo de trabajo integrado por los agentes fiscales Gerardo Mosqueira, Christian Ortiz y Julio Ortiz, quienes tendrán presencia permanente en el predio de la UNA.
Por su parte, la fiscala Aquino será objeto de un sumario administrativo y queda a disposición de la Dirección de Inspectoría, que tendrá a su cargo analizar su actuación durante la incidentada jornada del jueves, cuando dos funcionarias lograron ingresar a una de las dependencias del rectorado para apoderarse de documentos varios.
Los movimientos dentro del edificio llamaron la atención no solamente por el horario, sino que el jueves no se realizaron actividades administrativas, por lo que no se explica la presencia de las funcionarias, es por ello que los manifestantes filmaron a las mujeres y a la vez exigieron la presencia del Ministerio Público para constatar la irregularidad y actuar en consecuencia.
Sin embargo, recién horas de la madrugada Aquino se constituyó en el lugar, ya cuando las dos funcionarias estaban resguardadas en un vehículo perteneciente a la seguridad privada de la Universidad, con la documentación en mano, situación que enervó aún más a los estudiantes. Finalmente, se trasladó a María del Carmen Martínez Méndez, funcionaria de la UNA, hasta la sede de la comisaría 1ª de San Lorenzo.
En el cateo se constató que las hojas de papel son actas del Rectorado, documentos web de bancos –extracciones y transferencias– así como asignaciones y nombramientos que serían de las facultades de Caaguazú. Todos fueron numerados y copiados de forma íntegra por los intervinientes. En un segundo cateo, se encontraron dos pendrives, que -según se presume- se relacionarían al retiro de archivos de las computadoras del Rectorado. Llegó hasta la comisaría personal femenino de la División de Criminalística.
La fiscala Blanca Aquino en el año 2004 había recomendado el sobreseimiento provisional al intendente de San Lorenzo, Germán Villalba (ANR), y a los seis funcionarios que estaban siendo investigados por el desvío de G. 7.000 millones de la Comuna sanlorenzana. Aquino ignoró el informe de Contraloría que constató las irregularidades.