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“Una vez que tengamos la resolución, vamos a analizar para formular el recurso pertinente”, dijo Piñánez a ABC Cardinal. Sostuvo que hay discrepancia en la pena aplicada, ya que el Ministerio Público solicitó una sanción de 4 años y 6 meses de pena privativa de libertad por el hecho punible de cohecho pasivo agravado, pero fue condenado a solo dos años de cárcel y a pagar G. 50 millones como reparación del daño.
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“Nunca estuvimos abiertos a ningún tipo de salida cuando se trata de miembros de nuestra institución”, exclamó Piñánez.
Sostuvo que durante el juzgamiento se demostró que Villalba recibió el soborno, pero no que fue él quien lo pidió. “Si eso se demostraba, la conducta hubiera sido más agravante”, acotó.
El hecho se remonta a lo sucedido en agosto de 2014, cuando el ahora condenado recibió la suma de G. 43.500.000 para favorecer a un abogado en una causa penal.