Diputados aprueban intervención de Ciudad del Este

La Cámara de Diputados aprobó por mayoría la intervención a la Municipalidad de Ciudad del Este. Con esto, el ministro del Interior debe nombrar a un responsable de verificar las denuncias que pesan sobre la administración de Sandra McLeod.

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Con 58 votos a favor, uno en contra y 19 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó por mayoría la intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este. Rocío Abed de Zacarías fue la única parlamentaria en votar por el rechazo de la solicitud, "por improcedente e injusta", argumentó.

Por su parte, Justo Zacarías Irún aseguró antes de su voto que "este es un acto inválido" y por ello decidió no votar. También se abstuvieron los diputados Raúl Latorre, Vicente Rodríguez, Nazario Rojas, Fernando Ortellado, Miguel Ángel Del Puerto, Avelino Dávalos, Walter Harms, Hernán Rivas, Derlis Maidana, Tomas Rivas, Blanca Vargas, Erico Galeano, Del Pilar Medina, Miguel Tadeo Rojas, Pedro Alliana, Cristina Villalba y Basilio Núñez.

La bancada cartista lideró la lista de oradores que expusieron su postura en contra de la intervención de la Comuna esteña. El diputado Basilio Núñez, como último orador de su bancada, manifestó que los partidos minoritarios quieren llegar al poder “por atajos”, ignorando que el pueblo debe decidir a los representantes del Estado, y solo por ello apoyan la intervención. “Estos concejales tienen miedo de las elecciones libres y populares”, aseguró.

Antes de la votación, pidió a sus colegas que se haga de manera nominal porque “el Partido Colorado va a recordar esto”, pues de ningún colega escuchó “argumentos claros” a favor de la intervención. “Cuidado, en cualquier momento esa intendenta que ustedes quieren destituir puede candidatarse otra vez ha oganajeýta (y va a volver a ganar)” , advirtió.

 

El camino de la intervención comenzó el pasado 2 de octubre, cuando la Junta Municipal de Ciudad del Este decidió votar a favor de este procedimiento por supuestas malversaciones en la gestión de Sandra McLeod.

El pedido fue remitido al Ministerio del Interior, que volvió a enviar el documento a Diputados. La Cámara Baja aprobó este procedimiento y estableció una comisión especial para estudiar el pedido. La misma estuvo compuesta por: Basilio Núñez (ANR), Miguel Del Puerto (ANR), Juan Carlos Galaverna (ANR), Ángel Paniagua (ANR), Sebastián Villarejo (PPG), Tito Ibarrola (PH), Antonio Buzarquis (PLRA), Andrés Rojas (PLRA) y Hugo Capurro (PLRA).

Esta comisión escuchó tanto a los concejales como a la intendenta McLeod en un periodo de 15 días. Entre las 15 causales de intervención a la gestión de McLeod se menciona una malversación de los fondos por valor de G. 36.507.512.456 provenientes del impuesto inmobiliario, no respetando las nuevas distribuciones dispuestas en la Ley 5.513/5 de destinar el 40% a gastos corrientes (remuneraciones) y el 60% a gastos de capital. También se mencionan evasiones por los estacionamientos controlados.

Durante la sesión, los diputados Édgar Acosta, Sebastián Villarejo, Kattya González y Celeste Amarilla pidieron juicio político para Maria Elena Wapenka, Jaime Bestard y Alberto Ramírez Zambonini por este hecho, además de apoyar el proceso de intervención de la Comuna de CDE.

 

El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) aceptó sorpresivamente esta mañana la renuncia de Sandra McLeod a la intendencia de Ciudad del Este. Esto se dio pese a que la aprobación de la dimisión solo puede ser tomada por la Junta Municipal, según la ley orgánica municipal.

La acción de inconstitucionalidad de 2010 que usó Sandra McLeod para “puentear” a la Junta Municipal de Ciudad del Este caducó el pasado 20 de noviembre, por lo que los ministros de TSJE habrían incurrido en prevaricato.

El TSJE también fijó el calendario de los comicios y determinó que las elecciones partidarias simultáneas se lleven a cabo el próximo 2 de enero de 2019 y finalmente se deberá elegir un nuevo jefe comunal el 3 de marzo de 2019.

Por otra parte, el abogado Nicolás Russo presentó una denuncia penal contra los ministros del Tribunal Superior de Justicia, por la comisión de los supuestos hechos punibles contra el orden constitucional, prevaricato y asociación criminal en estado de flagrancia.

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