Aprueban intervención de la Comuna de Limpio

Concejales de Limpio aprobaron la intervención del municipio, bajo la administración de Carlos Palacios (ANR, cartista), a raíz de numerosas irregularidades en la adjudicación de contratos. Se espera la respuesta del Ministerio del Interior.

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Con cinco votos liberales, un voto independiente y uno colorado, fue aprobada en la Junta Municipal de Limpio el pedido de intervención de la administración de Palacios.

La aprobación fue por mayoría absoluta. Los ediles manifestaron que solicitaron la intervención debido a la graves irregularidades detectadas en la ejecución de su presupuesto, además de indicios de comisión de delitos contra el patrimonio público.

Ahora, el siguiente paso es remitir la resolución aprobada al Ministerio del Interior, que tiene 10 días para remitirlo a la Cámara de Diputados.

A partir de ese momento, dependerá del voto de los diputados que la Municipalidad sea intervenida.

Según describió el concejal Luis Vidallet, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), el intendente tiene innumerables montos sin justificar. Solo por citar algunos, el intendente Carlos Néstor Palacios Ocampos nunca explicó cómo utilizó G. 1.000 millones del Fonacide para una contratación directa con una empresa que les proveería de ripio. “Ese dinero lo utilizó en 10 días y nunca rindió cuentas a la Junta Municipal”, denunció el edil limpeño en una conversación con ABC Color.

Además, relató que Palacios adjudicó un contrato de G. 1.300 millones a su primo Juan de Dios Montiel Palacios. Los ediles recurrieron a Contrataciones Públicas, y esta institución emitió una resolución que afirmaba que el intendente procedió en forma irregular en la adjudicación. Por otra parte, el Ministerio del Ambiente dijo que Juan Montiel Palacios no contaba con estudios de impacto ambiental en sus trabajos.

El concejal Vidallet continuó explicando que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas aclaró al intendente Palacios que no podía volver a adjudicar contratos a las empresas que estuvieron relacionadas con las irregularidades detectadas.

En el 2016, Carlos Néstor Palacios Ocampos vuelve a proceder a la contratación directa, contratando esta vez a una nueva empresa para construir aulas en escuelas por valor de G. 930 millones.

En ese momento, los concejales volvieron a pedir control de la Dirección de Contrataciones, y esta institución respondió que no estaban conformes con el pliego de bases y condiciones, pues encontraban una diferencia de G. 184 millones en el manejo del dinero.

Ahí no culmina la seguidilla de hechos irregulares con el dinero, sostuvo. Siempre según el concejal Vidallet, luego el intendente municipal procedió a una adjudicación regular de G. 4.000 millones en construcción de aulas. Estos fondos provenían del Fonacide y correspondía al año 2017. “Contraloría auditó esa gestión y sobre esa base dijo que hay un daño patrimonial en dicha contrataciones por G. 255 millones”, recordó el concejal entrevistado.

A raíz de la innumerable lista de manejos turbios, un grupo de concejales denunció al intendente Palacios Ocampos ante el Ministerio Público por Lesión de confianza, pero curiosamente el proceso nunca avanza.

Según aseguró Vidallet, el intendente cartista Carlos Nestor Palacios Ocampos fue todo este tiempo uno de los “protegidos” de Óscar González Daher, exsenador ahora preso por supuesto enriquecimiento ilícito en la función plública, lavado de dinero y declaración jurada falsa.

En represalia, los concejales que protestan contra la gestión de Palacios no perciben sus salarios desde hace 8 meses. Curiosamente, los ediles cartistas sí cobran al día. “El propio intendente reconoció que a ellos les paga porque acompañan su gestión. Es una persecución por las manifestaciones que estamos haciendo”, declaró Vidallet.

Los concejales no son los únicos que no están cobrando. Numerosos funcionarios municipales que dependen absolutamente de su sueldo para el sustento diario tampoco están percibiendo sus haberes.

De aprobar la Cámara de Diputados el pedido de intervención, deberían venir auditores del Poder Ejecutivo a intervenir y verificar documentos y rendición de cuentas, mientras se separa al intendente de su cargo.

Mientras tanto, los escraches contra el intendente por parte de concejales disconformes continúan, tanto frente a la intendencia como frente a la casa del administrador.

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