Es parte de los trámites que realizan ante el Ministerio del Interior precisamente con ese objetivo. Mientras, zacariistas fueron a la Junta Municipal a protestar contra los ediles del G7, exigiendo se intervenga la Corporación Legislativa. Entre los manifestantes hubo gente que dijo haber sido “arreada” bajo engaños. También había funcionarios municipales.
La sesión ordinaria de la Junta Municipal se realizó, una vez más, con una fuerte custodia policial que impidió el acceso de personas no autorizadas específicamente, a la sala de reuniones. Un grupo de personas que dicen ser parte de una comisión multisectorial, y que apoyan a la intendenta Sandra McLeod de Zacarías (ANR) y su marido Javier Zacarías, fue hasta el predio de la Corporación Legislativa a protestar.
Con explosión de petardos y pancartas, los manifestantes, entre los que había funcionarios municipales, reclamaron la intervención de Junta Municipal alegando que los concejales opositores, miembros del G7, no dejan trabajar a la intendenta y no ayudan al pueblo.
Sin embargo, Miguel Rolón, síndico de la comisión pro empedrado del kilómetro 12 Acaray, contó que unos 55 vecinos fueron llevados desde el barrio hasta la Junta Municipal, bajo engaños. “La directora de la escuela San Miguel, María Angélica Morínigo y el profesor Julio Rivas nos dijo que teníamos que venir a participar de una audiencia pública en la cual se iba a pedir empedrado para esa zona. Nos dijeron que cuanta más gente veníamos, más conseguiríamos el empedrado. Al llegar, repartieron remeras en las que se pide la intervención de la Junta Municipal y nos hicieron protestar contra los concejales opositores”, denunció Rolón.
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Entretanto, dentro de la Junta Municipal, los concejales aprobaron, por la mayoría opositora de 7 concejales contra 5 oficialistas, la emisión de una resolución en la cual se informa la decisión tomada en la sesión del 26 de abril, de pedir la intervención de la administración de la intendenta Sandra McLeod de Zacarías.
La resolución no había sido redactada por el secretario general de la Junta, el irunista Blas Darío Domínguez, porque éste había alegado que durante la sesión del 26 de abril, los concejales habían resuelto la elaboración de una nota de pedido de intervención, sin nombrarse una resolución. Con la disposición tomada en la reunión de este martes, esta situación fue subsanada y poco después del mediodía, la resolución quedó redactada y firmada por Domínguez y por el presidente de la Corporación Legislativa, el opositor Juan Carlos Barreto (ANR).
El pedido de intervención a la administración municipal es alegando mal desempeño de sus funciones y graves delitos cometidos en el ejercicio del cargo, citándose 24 puntos por los cuales, los concejales consideran necesaria la medida. El concejal Alejandro Zacarías, sobrino de la intendenta, aprovechó la sesión de este martes para defender a su tía en cada uno de los puntos y tratando a los opositores de ignorantes, por no haber presentado todos los documentos requeridos por el Ministerio del Interior.